El expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti se presentaron ayer nuevamente ante un juez para que la fiscalía les imputara nuevos cargos por una presunta operación para defraudar las arcas del Estado.
El juez Miguel Ángel Gálvez inició el lunes la audiencia para imputar cargos a más de 50 personas, entre exempleados, funcionarios y empresarios que son acusados de varios casos de corrupción en lo que las autoridades llaman “la cooptación del Estado”.
La fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de Naciones Unidas que investiga aparatos clandestinos y de seguridad en el Estado guatemalteco, ha afirmado que existía un “inmenso esquema financiero” que habría cooptado el Estado para defraudar al erario nacional.
En el caso se ha vinculado a 70 personas, sin embargo no todas han sido aprehendidas y otras solo serán llamadas a declarar.
En la audiencia en la que la fiscalía pretende explicar las acusaciones, los abogados defensores intentan que esta se suspenda argumentando que no están preparados para enfrentar la acusación y que previamente deben conocer los detalles de la investigación. La fiscalía se opone a suspender la cita.
El esquema, según las autoridades, “detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011”, el partido que llevó a la presidencia a Pérez Molina. El fin último habría sido el lavar dinero de origen ilícito.
La Comisión asegura que fueron tres modalidades utilizadas para desfalcar al Estado, la primera fue a través de recibir contribuciones de los canales de televisión abierta en Guatemala supuestamente como financiamiento político y que cuando los exmandatarios llegaron al poder, retribuyeron supuestamente con contratos millonarios por publicidad.
La segunda modalidad fue recibir financiamiento electoral ilícito de empresas como constructoras que también fueron presuntamente retribuidas con pago de facturas por servicios intangibles o difíciles de rastrear. La tercera modalidad fue con la simulación del origen del financiamiento reportado al ente fiscalizador.
La Comisión dijo que se identificaron al menos 450 contratos dentro del Estado “que fueron diligenciados por esta estructura criminal”, con un monto aproximado de 65.3 millones de dólares.
Entre los detenidos hay varios empresarios, exempleados y funcionarios, así como Pérez Molina y Baldetti a quienes las autoridades consideran líderes de la estructura. Ambos han negado cualquier vinculación y la acusación de la fiscalía.
En la audiencia del lunes, Adolfo Fernando Peña, expresidente del Banco de Desarrollo Rural, y Edna Maribel Berganza Colindres, exsubsecretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad, acusados en el caso, se entregaron a las autoridades, pues eran prófugos de la justicia.