Un mes y medio después de la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial –que comprende las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, y las comarcas indígenas Guna Yala, Wargandí y Emberá Wounaan–, los peritos forenses están agobiados de trabajo.
Esa es la conclusión de Humberto Mas, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), al poner en perspectiva las exigencias a las que están sometidos los peritos y funcionarios de criminalística, quienes ayudan a la vinculación o no de un sospechoso con un hecho delictivo.
Y es que son estos funcionarios los que tienen que hacerle frente a las escenas de crímenes y efectuar las asistencias periciales, clave en los procesos penales.
Mas lo dice una y otra vez: en el SPA, la pericia científica es la piedra angular de la investigación judicial para de esta manera llegar a un resultado. Un perito forense, por ejemplo, debe cumplir las órdenes que le impartan los agentes del Ministerio Público (MP), en lo relativo a las diligencias de criminalística relacionadas con el respectivo campo científico y médico legal. También debe recolectar evidencias e información técnica y científica relacionada con el hecho investigado. Además, le corresponde identificar personas, cosas y lugares mediante exámenes, inspecciones, planos y fotografías.
Pero también debe reunir, ordenar y asegurar científicamente las evidencias y los antecedentes necesarios para la investigación penal.
Pese a la experiencia adquirida por estos colaboradores del Imelcf en los distritos judiciales del interior del país, donde el SPA entró en vigencia desde hace algunos años, Mas dice que el número de casos que deben afrontar en el Primer Distrito Judicial “es mucho mayor de lo que esperaban”, por lo que, argumenta, físicamente se les hace “muy difícil” cumplir con los requerimientos.
Las finanzas de la entidad juegan un papel importante. El director del Imelcf narra que solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas el nombramiento de 312 personas para hacerle frente al nuevo sistema penal, pero solo le dieron fondos para contratar a 192 funcionarios.
Esto implica, detalló, que como en el SPA se brinda atención las 24 horas del día, deben establecer turnos rotativos, incluyendo a personal que doble las jornadas de trabajo. Explicó que lo ideal sería tener operativos de tres a cuatro grupos de peritos forenses para atender los hechos criminales que se produzcan. “Pero no se puede”, dijo.
“Esto implica una gran carga de trabajo que debe ser realizada a satisfacción, ya que los casos deben ser entregados a los fiscales con exactitud científica”, contó.
Así mismo, detalló que los funcionarios deben mantener un alto grado de coordinación con el personal de la Policía Nacional, que usualmente llega primero a las escenas de los crímenes, para evitar su contaminación y que los resultados de una evaluación se alteren.
Otro golpe económico que impactó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses es el relacionado con el presupuesto para el año 2017. Solo recibirá el 54% de lo que solicitó.
Mas detalló que de los $79.3 millones que pidió, solo se les otorgó $36 millones, lo que, dijo, impone restricciones en materia de contratación de personal y para la compra de insumos.
Por su parte, el exdirector de criminalística de la extinta Policía Técnica Judicial David Villarreal alabó los resultados que ha obtenido el SPA en otros países y a la vez aspira a que, con el desarrollo de este procedimiento en el país, se disminuya la mora judicial y se garantice la justicia expedita.
Villarreal, quien hoy es un perito independiente, cuestionó el hecho de que la Dirección de Investigación Judicial y el Ministerio Público estén separados. Y además, criticó lo que considera “la absoluta subordinación de los peritos” a lo que solicite el MP, factor que, según él, limita el trabajo de estos expertos.
En este punto, resaltó que esa realidad le quita libertad al perito para realizar pruebas que puedan vincular o no a un sospechoso, pero que no sean requeridas por el fiscal.
A la vez, insistió en la necesidad de adquirir tecnología moderna para enfrentar al crimen organizado.