El presidente de Perú, Ollanta Humala, promulgó ayer una ley clave para agilizar la búsqueda de al menos 15 mil personas desaparecidas durante la guerra interna que enfrentó principalmente al grupo guerrillero Sendero Luminoso y las fuerzas de seguridad entre 1980 y 2000.
La ley, publicada en la Gaceta Oficial, indica que se prioriza “el enfoque humanitario” y explica que se concentrará en hallar los restos de los desaparecidos para que sus familiares, que los buscan por décadas, casi sin apoyo de nadie, puedan enterrarlos de forma digna.
En la actualidad, si una persona quiere buscar a un familiar desaparecido durante la época de la violencia política, tiene como única opción presentar una denuncia ante la fiscalía, necesita de testigos que deben dar su testimonio ante un fiscal y se tiene que seguir un extenso proceso judicial.
Jo-Marie Burt, investigadora en derechos humanos de la organización WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), dijo que el reto de la ley es “que se implemente, se le den los recursos, el apoyo técnico para realizar las búsquedas”.
Según cifras oficiales, hasta 80% de las denuncias son archivadas porque no se logra identificar al autor de los crímenes. Según los expertos, existen unos 6 mil 462 cementerios ilegales y en Ayacucho, cuna de la insurgencia senderista, existe un sitio de entierro cada 3 kilómetros, y solo hay 20 forenses.