El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió el fin de semana que el proyecto de sanciones que el Congreso de Estados Unidos discute contra su gobierno es “injerencista” y dañino para la economía del país centroamericano.
Estados Unidos sigue “con una política injerencista, irrespetuosa de las leyes internacionales”, criticó Ortega, en alusión a la iniciativa conocida como Nica-Act (Nicaragua Investment Conditionality Act), que propone condicionar los préstamos internacionales a Nicaragua.
Mientras, el gobierno continúa acusando a los opositores de “golpistas” y rehúsa reiniciar un diálogo con los sectores que participan en las protestas.
Pero, pese a que el asedio y la represión no cesan, la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil asegura que seguirá desarrollando formas de protesta cívicas, como las marchas, para presionar la salida del dictador Daniel Ortega y lograr elecciones anticipadas, según reportó ayer el diario nicaragüense La Prensa.
Dar marcha atrás no es una opción y “un comunicado no va a terminar con las marchas”, declaró Guillermo Cortés Domínguez, miembro de la articulación, refiriéndose a la nota de prensa en la que el viernes la Policía orteguista finalmente declaró “ilegales” las marchas ciudadanas y se declaró en guerra contra quienes las convocan.
Los organismos y las personas que han convocado “estas concentraciones y movilizaciones públicas ilegales y nada pacíficas” son “responsables y responderán ante la justicia, de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades”, reza el comunicado de la entidad policial.