Después de casi un año de la denuncia presentada ante el Ministerio Público (MP) por la desaparición de un equipo usado en el gobierno del presidente Ricardo Martinelli para interceptar comunicaciones de periodistas, políticos, empresarios y dirigentes de la sociedad civil, su pérdida sigue siendo un misterio.
Fue Rolando López, actual secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), quien en diciembre de 2014 interpuso la primera denuncia por la desaparición de un equipo comprado el 23 de julio de 2010 con dinero del Programa de Ayuda Nacional (PAN) –entonces Fondo de Inversión Social (FIS), bajo la dirección de Giacomo Tamburrelli– a la empresa israelí M.L.M. Protection LTD, a un costo de $13 millones 475 mil.
López denunció directamente a Alejandro Garuz, su antecesor en la administración Martinelli, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, ya que, al asumir el cargo, en el inventario de bienes del CSN no se incluyó el equipo de telecomunicaciones. Este proceso está a cargo de la fiscal segunda anticorrupción, Vielka Broce.
Hoy, tras casi un año de la denuncia, López no tiene respuestas sobre dónde puede estar la denominada máquina pinchadora.
López manifestó que de manera responsable acudió a las autoridades y expuso al MP la situación, por lo que es esa entidad la que adelanta las averiguaciones. “Nosotros nos convertimos en querellantes y como toca y como servidor público, al recibir un cargo y notar la ausencia de estos equipos, lo pusimos en conocimiento de las autoridades y se están haciendo las investigaciones”, precisó.
Al preguntársele si el CSN tiene la certeza de que esta y otras máquinas pinchadoras compradas por el gobierno anterior –y que también están extraviadas– no están activas, López afirmó: “no están funcionando”, pues se han hecho las debidas verificaciones técnicas.
Las otros sistemas espías, dos en total, fueron comprados por el gobierno pasado en transacciones con las empresas NSO Group Technologies Ltd., de Israel, y la italiana Hacking Team.
Tras la verificación de que estos equipos tampoco aparecen, las autoridades del Consejo de Seguridad Nacional interpusieron las denuncias correspondientes.
El primer caso está en manos de la Fiscalía Sexta Anticorrupción, y el segundo en la Fiscalía Quinta Anticorrupción.
En la compra con NSO Group Technologies Ltd., un documento incluido en el expediente, fechado el 3 de junio de 2012, señala a Gustavo Pérez, quien entonces estaba al frente del Consejo. El contrato tenía su firma.
