Gustavo Petro perdió la pelea. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, decidió ayer destituir al alcalde de Bogotá, avalando así la decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación en noviembre pasado de relevarlo e inhabilitarlo políticamente por 15 años por considerar que tuvo un mal desempeño durante un cambio del sistema de recolección de basuras en 2012.
Santos terminó así con la incertidumbre generada en el país el martes, cuando dos hechos importantes marcaron una nueva ruta para el caso judicial del alcalde.
Ese día, a las 5:45 p.m., el Consejo de Estado revocó las acciones de tutela presentadas por cientos de ciudadanos para frenar la decisión tomada por la Procuraduría. En teoría, eso dejaba el camino libre para la destitución a corto plazo del burgomaestre. Sin embargo, horas después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impuso unas medidas cautelares que había ido a pedir el alcalde a Washington meses atrás.
Esas medidas cautelares pedían que se frenara la destitución mientras la CIDH analizaba si los derechos de Petro fueron o no vulnerados por la Procuraduría. El debate gira en torno a la facultad o no que tiene la Procuraduría para sancionar tan drásticamente a una persona que fue electa por el voto popular.
Para explicar los alcances de esas facultades, justamente, Colombia tiene una citación el 24 de marzo ante la CIDH.
DECISIÓN CRUCIAL
Desde el martes, Santos tenía 10 días para decidir si acataba la decisión de la Procuraduría o las medidas cautelares del organismo internacional. Su decisión, tomada antes de lo previsto por los analistas, era importante tomando en cuenta que él está en plena campaña para reelegirse el 25 de mayo. De hecho, no había consenso entre los juristas en cuanto al camino correcto a tomar, aunque la tradición en Colombia, hasta ahora, había sido acatar los pronunciamientos de la CIDH. Senadores allegados a Santos, sin embargo, habían dejado conocer que el mandatario estaría inclinado por no acatar las medidas cautelares, porque ello tendría consecuencias adversas en su campaña política.
En efecto, en su discurso de ayer Santos dijo que respetaba las medidas cautelares pero que el sistema era “complementario y alternativo” y que la justicia colombiana había actuado “de manera transparente, eficaz y oportuna”. En esta declaración el Presidente se vio apoyado por la canciller, María Ángela Holguín, quien dijo que las decisiones de la CIDH no son vinculantes ni de obligatorio cumplimiento.
En reemplazo de Petro, Santos nombró a su ministro de Trabajo, Rafael Pardo. Pardo fue comisionado de Paz y logró la desmovilización del M-19, grupo ilegal al que Petro perteneció. Pardo, que también fue ministro de Defensa y aspirante a la Presidencia de la República, dijo ayer que mantendrá el plan de gobierno de Petro.
PETRO HABLA
Petro reaccionó minutos después del anuncio presidencial diciendo que “la democracia de Colombia [había sido] herida de muerte” y que era “un golpe de Estado contra el voto ciudadano”. El hasta ayer alcalde llamó a una movilización ciudadana y dijo que pedirá que se convoque una constituyente para cambiar todo el régimen institucional de Colombia. Aseguró que Santos actuó pensando en su conveniencia política.
REACCIONES POLARIZADAS
Jaime Castro, exalcalde de Bogotá (1992-1995) y opositor a Petro, piensa que la decisión de Santos es “legítima, válida, oportuna y convenía a la ciudad y al país”, ya que “Petro fracasó como alcalde al adoptar un proyecto que iba en contravía de las aspiraciones de los bogotanos y de las corrientes políticas modernas. No logró conformar un equipo permanente de gobierno y convirtió la alcaldía en un trampolín para aspirar a la Presidencia de la República, por lo que todas las decisiones que adoptaba tenían intención político electoral”.
Miguel Uribe, concejal liberal y presidente del Concejo, es de la misma opinión que Castro. Para él, la decisión de Santos es “oportuna y legítima y acabó con la incertidumbre, el desgobierno y la parálisis administrativa que llevaba Petro, que estaba dedicado a defenderse y no a gobernar”.
Para el concejal, el hasta ayer alcalde tuvo su derecho al debido proceso y a la legítima defensa, por lo que “lo que hizo el Presidente solo fue acatar el ordenamiento jurídico colombiano”.
Uribe le restó importancia al hecho de que Colombia desacató la decisión de la CIDH argumentando que “las medidas cautelares no son vinculantes pues se solicitan, no se obligan”.
Pero ese es justo el punto de discordia para Jorge Rojas, secretario de Integración Social de la Alcaldía, quien se declaró “estupefacto” ante el anuncio presidencial. En su opinión, eso tendrá “consecuencias graves para Colombia ante el escenario internacional porque se pone en juego la credibilidad del Estado frente al sistema de derechos humanos y queda en una situación muy difícil para promover acciones internacionales que para Estados Unidos y Europa están basadas en el respeto a la democracia y a los derechos humanos”.
Con Rojas coincide el secretario de gobierno de la Alcaldía, Hugo Zárrate, para quien “la decisión no se ajusta al derecho, es amoral e ilegítima”. Para él fue una decisión politiquera que “busca callar y sacar del poder a Petro” y que “pone en evidencia que el sistema político colombiano está fallando”.
Por su parte, Ramiro Bejarano, docente, abogado y columnista de opinión del diario El Espectador, sostuvo que ayer el anuncio de Santos fue desafortunado “porque por primera vez el gobierno se negó a acatar las medidas de la CIDH sin ninguna lógica, solo pensando en la necesidad electoral de Santos de no desairar a un grupo de ultraderecha que se hubiera puesto muy brava si hubiera acatado las medidas cautelares. Lo que no midió Santos es que además de destituir a Petro firmó su no reelección”.
REVOCATORIA SUSPENDIDA
Paralelamente a este proceso, el 6 de abril estaba programado el referendo para que los bogotanos decidieran si mantenían a Petro en su cargo hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha en la que concluía su gestión, o si le revocaban el mandato. Tras la decisión anunciada por Santos, la Registraduría canceló el referendo.