El abogado Miguel Antonio Bernal solicitó ayer la reforma de la sentencia del 11 de agosto que declaró inconstitucional la Ley 24 del 8 de abril de 2013, que, a su vez, creó la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (Anip).
Bernal pidió que en el fallo se incluya que también es inconstitucional el contrato de la empresa Cobranzas del Istmo, que cobra los impuestos en el país.
Según la petición, a la que este diario tuvo acceso, el contrato de Cobranzas del Istmo es un acto individualizado ligado con la ley que fue declarada inconstitucional y no está protegido por el artículo 2573 del Código Judicial, según el cual los fallos de la Corte son finales definitivos, obligatorios y no tienen efectos retroactivos.
Bernal presentó la petición ayer en la Corte Suprema de Justicia.
El abogado argumentó que el contrato “presenta características especiales y afecta los derechos subjetivos del Estado de disponer de todos los impuestos y contribuciones nacionales”.
De acuerdo con Bernal, el contrato debe ser declarado inconstitucional, no solo en lo concerniente a los dineros del Estado, “sino para que sirva para desalentar a otros políticos acostumbrados a poner sus intereses privados primero que los del pueblo”.
Este diario llamó a Alberto Vallarino y este afirmó que no tiene ninguna relación con la empresa Cobranzas del Istmo.
El fallo del 11 de agosto, con la ponencia del magistrado Luis Ramón Fábrega, declaró inconstitucional la Anip, debido a que esa autoridad asumió funciones que le competen al Órgano Ejecutivo, y ordenó revivir la Dirección General de Ingresos adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.
La decisión quedó ejecutoriada el pasado lunes y está pendiente de que se resuelva una aclaración del fallo que presentó el administrador de la Anip, Luis Cucalón, también en la misma fecha.