AMPARO DE GARANTÍAS

Piden a la Corte recusar a José Ayú Prado por ‘enemistad’

Piden a la Corte recusar a José Ayú Prado por ‘enemistad’
Piden a la Corte recusar a José Ayú Prado por ‘enemistad’

Desarrollo Golf Coronado, S.A. presentó ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia un incidente de recusación contra el magistrado José Ayú Prado.

La acción legal se relaciona con el trámite de un amparo de garantías constitucionales que presentó la empresa contra una resolución del 19 de febrero pasado del Tribunal Administrativo Tributario (TAT), que confirmó una orden de 2016 de la Dirección General de Ingresos (DGI), que exige a Desarrollo Golf Coronado, S.A. el pago de $799 mil 680 en concepto de Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (Itbms) correspondiente a los años 2007, 2008, 2009 y 2010, y el periodo de enero a junio de 2011. Esa resolución de 2016 de la DGI modificó, a su vez, una de 2012, en la que el pago ordenado a favor del fisco era superior: $992 mil 765.

Se trata de uno de los procesos que se inició contra esta empresa durante la presidencia de Ricardo Martinelli, cuando la DGI estaba bajo el mando de Luis Cucalón, quien posteriormente fue condenado a ocho años de prisión por peculado y corrupción por el cobro irregular de impuestos a través de la sociedad Cobranzas del Istmo.

Aunque en el reparto de expedientes quedó como ponente el magistrado Harry Díaz, la Secretaría del Pleno informó posteriormente que, tras ser sometido a discusiones, Ayú Prado fue asignado como nuevo sustanciador.

La firma Rivera, Bolívar & Castañedas, apoderados de Desarrollo Golf Coronado, S.A., sustentó que Ayú Prado debe ser apartado del caso, porque en el año 2012, como procurador general de la Nación, atendió una denuncia que presentó el entonces administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Salomón Shamah, en la que solicitó investigar a la empresa por presuntamente haber falsificado documentos para beneficiarse de la exoneración que otorga la Ley 8 de 2010, sobre incentivos fiscales a las empresas turísticas.

La firma forense fundamentó el incidente de recusación en el numeral 5 del artículo 760 del Código Judicial, que incluye entre las causales de impedimento para jueces y magistrados “la enemistad manifiesta entre el juez o magistrado y una de sus partes”.

Como prueba de esta alegada “enemistad manifiesta”, los abogados aportaron varias notas que firmó Ayú Prado como procurador, dirigidas a la DGI, el Registro Público, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Antai), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Tesorería Municipal de Chame, en las que solicita información “con carácter de urgencia”, sobre actividades y propiedades de Desarrollo Golf Coronado, S.A.

“Ayú Prado, cuando fue procurador, participó directa y activamente de la denuncia presentada por la ATP… No era competencia del procurador ni tenía que dicho alto funcionario encabezar ni dirigir las investigaciones. Su participación activa en dicha denuncia lo inhabilita para conocer del presente amparo”, señala Javier Said Acuña, abogado de Rivera, Bolívar & Castañeda.

El presidente y representante legal de la empresa es Roberto Eisenmann, un duro crítico de la administración de Ricardo Martinelli. Poco después, Martinelli designó a Ayú Prado como magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Las diferencias de Desarrollo Golf Coronado, S.A. con la DGI se remontan a siete años atrás, cuando la entidad ordenó el secuestro de 35 fincas en Chame y reclamó el pago de $3 millones por supuestas deficiencias en las declaraciones de impuesto sobre la renta (ISR), en los períodos fiscales 2008, 2009 y 2010, así como el Itbms del año 2007 hasta junio de 2011.

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