Múltiples voces de la sociedad civil exigen que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) investigue a los diputados de la Asamblea Nacional por las presuntas irregularidades reveladas por este diario, en relación con la gestión de $14 millones en donaciones y de otros $68 millones en contratos por servicios profesionales.
“No hay duda de que la situación que ha salido a la luz pública tiene que ser investigada y lo que tenemos que hacer los ciudadanos es pedirle a la Corte una investigación. Entregar donaciones no es una tarea que le corresponde a la Asamblea”, dijo, por ejemplo, la exmagistrada de la CSJ Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Con ella coinciden el excontralor Carlos Vallarino y el presidente encargado del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz.
“Inmediatamente que la Contraloría detecte que haya un diputado involucrado, tiene que trasladar eso a la Corte para que investigue”, señaló Vallarino, luego de que el contralor Federico Humbert anunciara que auditará las donaciones y contratos efectuados entre julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.
Araúz, por su lado, explicó que los reportajes publicados por La Prensa formarían parte de un conjunto de elementos que pueden constituirse en prueba idónea, por si una persona considera presentar una denuncia ante la Corte.
A su vez, el exmagistrado de la CSJ Edgardo Molina Mola opinó “que hay que juzgar a los diputados”.
Indignación ciudadana por anomalías en la Asamblea