Diputados oficialistas venezolanos lanzaron una ofensiva jurídica contra la decisión de la mayoría opositora en el parlamento de anular la designación de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Lo paradójico es que el recurso que interpusieron, solicitando que se invalide la decisión, está en manos del TSJ, la corte contra cuyos magistrados actuó el Legislativo el pasado jueves.
Al presentar la petición, el jefe del bloque oficialista en la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez, recordó que la comisión que revocó a los jueces fue declarada ilegal por el TSJ meses atrás.
La oposición acusa al TSJ de estar al servicio del presidente Nicolás Maduro, tras varias sentencias que recortaron las facultades legislativas, incluido el control del parlamento sobre los demás poderes públicos.
“Ayer validan un informe de una comisión inexistente. Toda autoridad usurpada no tiene ningún tipo de validez”, declaró Rodríguez. Agregó que si la oposición tiene pruebas sobre las supuestas irregularidades en la elección de los magistrados, debe acudir al llamado Poder Moral, integrado por instituciones que según la disidencia también están controladas por el chavismo.
“La Asamblea no tiene la facultad de remover magistrados”, subrayó Rodríguez.
Analistas jurídicos anticiparon que la anulación de los nombramientos está lejos de poder ser aplicada.
Los jueces fueron designados por la anterior mayoría oficialista el 23 de diciembre de 2015, pocos días antes de que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomara el control del parlamento.
Por su lado, el digital venezolano Tal Cual informó que el diputado de la MUD, Carlos Berrizbeitia, quien encabezó la comisión que elaboró el informe que sustenta la destitución de los 34 magistrados, informó que enviarán al cuerpo diplomático a la OEA y a otros organismos internacionales el expediente que levantó la comisión. “El expediente está muy claro y la función política que hicimos es demasiado cristalina”, apuntó.
Remarcó que desde el 15 de julio ninguna sentencia debe ser firmada por los 13 magistrados principales y los 21 suplentes, y si lo hacen deben atenerse a las consecuencias de esa ilegalidad.