La Fiscalía de Colombia pidió ayer miércoles a la Corte Suprema de Justicia que investigue a ocho congresistas oficialistas y un exministro del presidente Juan Manuel Santos, presuntamente involucrados en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
“La modalidad de corrupción detectada consistía en la ilícita contratación de servicios por parte de congresistas (...) para que a través de sus competencias y funciones presionaran decisiones gubernamentales a favor de Odebrecht”, indicó el ente acusador en un comunicado.
En Colombia, la Corte Suprema tiene la competencia de investigar y juzgar a funcionarios con fuero, entre ellos senadores, representantes y exministros. Los directivos de la firma “lograron el apoyo” de legisladores para que la constructora obtuviera un contrato de una concesión vial en 2012, durante el primer mandato de Santos (2010-2014), agregó. Para ello, contaron con la intermediación del exsenador Otto Bula y el empresario Federico Gaviria, ambos detenidos por este mismo escándalo. En un principio Bula y Gaviria contactaron a los senadores Mussa Besaile, Bernardo Elías y Armando Benedetti, del Partido de la U, el de Santos, y a Antonio Guerra, de Cambio Radical.
A este grupo de congresistas, conocidos como Los buldozer, les habrían pagado en total 2 millones de dólares, según la fiscalía.
Los pagos los realizó Odebrecht desde el exterior a una empresa panameña, donde se firmaron cheques que fueron cambiados a efectivo en Colombia para pagar las coimas.
Posteriormente, para “impulsar” la adición de un contrato del mismo concesionario, pagaron una “comisión de éxito” a Los buldozer y otros parlamentarios.