DEMANDA

Piden declarar nula la reglamentación de ley de impuesto de inmueble

Piden declarar nula la reglamentación de ley de impuesto de inmueble
Piden declarar nula la reglamentación de ley de impuesto de inmueble

Una demanda contencioso administrativa de nulidad fue interpuesta ayer en la Corte Suprema de Justicia contra el Decreto Ejecutivo No. 362 de 29 de noviembre de 2018, que reglamenta el mecanismo de retención del impuesto de inmuebles establecido en la Ley 66 de 17 de octubre de 2017.

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Demandan ley de impuesto de inmueblesBancos retendrán impuesto si el cliente lo autorizaContribuyentes podrán mantener exoneraciones

El recurso presentado ante la Sala Tercera de la CSJ por el abogado Víctor Martínez sostiene que la Ley 66 de octubre de 2017 no establece la obligación de los bancos de entregar a la Dirección General de Ingresos (DGI) información relacionada con todos los financiamientos vigentes para la adquisición de viviendas o bienes raíces en general.

Además, el demandante señala que el citado reglamento viola el Decreto Ley 9 de 22 de febrero de 2008, en cuyo artículo 3 se establece que “los bancos solo divulgarán información acerca de sus clientes o de sus operaciones el consentimiento de estos y que no requerirán el consentimiento de sus clientes: cuando esa información fuese requerida por autoridad competente, cuando por iniciativa propia deban proporcionarla en cumplimiento de leyes relacionadas con la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y a agencias calificadoras para fines de análisis de riesgo”.

Además, apunta que se establecen nuevas formas de pago del impuesto de inmuebles, que conlleva que el ciudadano deba pagar recargos e intereses, lo que es violatorio del artículo 786 del Código Fiscal, que no establece esta manera de pagar el impuesto de inmuebles.

Además, indica que el impuesto de inmuebles se puede pagar en tres partidas anuales o mediante un pago anual, y no en la forma en que se ha establecido en el Decreto Ejecutivo No. 362 de 29 de noviembre de 2018, ya que no es una forma establecida por la ley.

A juicio del jurista, el citado decreto ejecutivo, expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas, excede su potestad reglamentaria, pues incluye elementos que no están tampoco contemplados en la ley.

La pasada semana, el abogado Olmedo Guillén presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 66 de 17 de octubre de 2017 alegando que viola varios artículos de la carta magna.

Según Guillén, el artículo 2 de la Ley 66 omite el concepto de separación de los poderes, según el cual los órganos del Estado actúan separadamente, pero en armónica colaboración.

Alegó que solo el Órgano Judicial a través de autoridad competente puede ordenar el examen o retención de la correspondencia y demás datos privados, por ser inviolables.

De acuerdo con su criterio, toda información o registro de clientes que tengan las entidades financieras que otorguen préstamos para la adquisición de viviendas deberá ser considerada confidencial y, en consecuencia, la autorización para hacer las referidas retenciones a favor de un tercero, como la DGI del Ministerio de Economía y Finanzas, debe tener el visto bueno de una autoridad competente.

También alegó que la Constitución Política es clara al indicar que cualquier retención relacionada con información y documentación inherente a créditos hipotecarios o emisión de valores debe ser previamente autorizada por una autoridad judicial y para fines específicos.

Ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá responder ambas demandas; la de Martínez ante la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte, y la de Guillén ante el pleno de la Corte.

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