La detención de los nueve policías implicados en la muerte de cinco jóvenes en el Centro de Cumplimiento de Tocumen el 9 de enero de 2011 fue solicitada por sus familiares, tras la derogatoria, en diciembre de 2013, de la Ley 74 de 2010, que prohibía su detención.
Carlos Herrera Morán, abogado de los familiares de las víctimas, afirmó que en este caso, el Segundo Tribunal de Justicia, debe ordenar el arresto de los policías implicados en la muerte de los jóvenes, ya que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley que les otorgaba un “blindaje” para no ser detenidos.
Morán planteó que en este caso los miembros de la policía deben recibir el mismo tratamiento que un ciudadano común, ya que la Constitución establece que no hay fueros ni privilegios ante la ley.
Planteó que, a la fecha, la policía y las autoridades del gobierno central, lejos de aceptar su responsabilidad y tratar de colaborar con los sobrevivientes, han esquivado este compromiso, incluso recurriendo a tácticas dilatorias dentro de este proceso judicial.
Por su parte, Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana pro Justicia, aseguró que este es un caso en el que hubo un clara violación de los derechos humanos de los internos del Centro de Cumplimiento de Tocumen, ya que fueron sometidos a tratos inhumanos por los agentes de la policía, que estaban llamados a preservar su seguridad.
A raíz de las quemaduras sufridas en el incendio del 9 de enero de 2011, Erick Batista, Benjamín Mojica, José Frías, Víctor Jiménez y Omar Ibarra fallecieron. Ese día los jóvenes participaron en un motín para reclamar agua y comida. Los policías lanzaron latas de gas lacrimógeno dentro de la celda que incendiaron los colchones. Tras la represión, dos de los jóvenes quemados lograron sobrevivir y otros nueve quedaron heridos.
Por este caso, están sindicados, además de los nueve policías, dos custodios y la directora del centro.