Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Ayú Prado y Luis Ramón Fábrega fueron denunciados ayer ante la Asamblea Nacional, por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
La denuncia fue presentada por siete querellantes en el proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli por la interceptación de comunicaciones sin autorización judicial. Se trata de Rosendo Rivera, Carlos Herrera Morán, Francisco Carreira Pittí, Balbina Herrera, Osvaldo Gálvez Him, Cecilia Torres Ramos y Roberto García Flores.
Los denunciantes plantean que los funcionarios Fermín Bonilla, del despacho del magistrado Fábrega; Manuel José Calvo, coordinador de Presidencia de la CSJ; y Aura Tuñón, de la Secretaría General de la CSJ, viajaron a Miami, Estados Unidos, el 29 de agosto pasado, con la finalidad de notificar al expresidente Martinelli de una audiencia de imputación dentro del proceso que se le sigue en el máximo tribunal del país por presunta extorsión en perjuicio de la empresa italiana Impregilo, S.A.
Dicha audiencia fue solicitada por el magistrado Fábrega, quien actúa como fiscal en esa causa.
Los denunciantes señalan que el pedido de audiencia de imputación a Martinelli no fue autorizado por el magistrado juez de garantías, que en este proceso es Harry Díaz.
“El despacho del magistrado juez de garantías [Díaz] no fijó ni programó fecha de audiencia de ningún tipo en torno a la solicitud efectuada por el magistrado fiscal [Fábrega]. Por ello, mal podía la asistente de Secretaría General Aura Tuñón proceder a realizar un acto propio y privativo del magistrado juez de garantías y, peor aún, tal cual se realizó a discreción del magistrado fiscal, a quien por mandato de la ley le está vedado mantener contacto directo con la persona requerida (...), señala la denuncia.
Añade que Fábrega ejecutó actos que no le son inherentes a sus funciones de fiscal dentro de un proceso.
Herrera indicó que “Ayú Prado y Fábrega nos tienen que explicar por qué autorizaron a esos funcionarios a notificar a Martinelli sin darle conocimiento del procedimiento al juez de garantías, por lo que hay una clara y flagrante extralimitación de funciones”.
Pidieron recabar el testimonio de los tres funcionarios que viajaron a notificar a Martinelli en el centro federal de detención en Miami, donde está el exmandatario desde el 12 de junio pasado, como parte de un pedido de extradición de la CSJ en el caso de los pinchazos. El 30 de agosto pasado, el juez federal Edwin Torres lo declaró extraditable.
La denuncia deberá ser remitida por la Secretaría de la Asamblea a la Comisión de Credenciales, a fin de que determine si hay méritos para acogerla.