Piden investigar caso de Lucía Chandeck

Piden investigar caso de Lucía Chandeck
Lucía Chandeck LA PRENSA/Archivo.

“Hay que investigar”, fue la conclusión a la que llegaron dos exprocuradores del país, un excontralor y un jurista, luego de que ayer se divulgara que Lucía Chandeck, exdirectora de la Autoridad Nacional del Ambiente, devenga un salario de $6 mil en la Presidencia, pero ella admitió que no tiene “nada que ver con el gobierno”, ni tampoco se le conocen funciones.

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La funcionaria fantasma

La exprocuradora Ana Matilde Gómez considera que la Contraloría General de la República debe empezar una investigación, ya que, a su juicio, hay que verificar que no se esté frente a un delito contra la administración pública, “por cobrar un dinero sin trabajar”.

“Si es asesora, ella tiene que rendir informes para poder cobrar por sus servicios brindados a la entidad que la nombró”, sostuvo.

Mientras que el exprocurador Rogelio Cruz, sostiene que el caso de Chandeck genera “sospechas”, sin embargo, dijo que hay gente que está nombrada en un lugar y da servicio en otro.

“Hay que esperar que Lucía Chandeck aclare porque cualquier persona puede presentar una denuncia por peculado en contra de ella”, advirtió Cruz.

De acuerdo con el excontralor Carlos Vallarino, es evidente que hay que comenzar una investigación.

“Chandeck ha dicho que ya no tiene nada que ver con el gobierno, entonces alguien tiene que estar cobrando ese dinero”, dijo.

Vallarino opina que el ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, tiene que responsabilizarse por esas cosas que están pasando con el manejo de fondos de la planilla de la Presidencia.

Recomendó hacer una investigación global para ver cuántas personas están en esta situación, a raíz de que, dijo, la planilla del Ministerio de la Presidencia “ha crecido de una manera vertiginosa en los últimos años”.

´DELICTIVO´

En tanto, el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal espera que el Ministerio Público empiece una investigación de oficio por este asunto, y consideró que es obligatorio, de parte de la sociedad civil organizada, exigir no solo una investigación, sino una sanción para todos aquellos que tengan algún grado de responsabilidad por acción u omisión en este acto, que él considera “delictivo”.

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