La Fiscalía Segunda Anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio del exviceministro de Comercio Interior Luis Eduardo Camacho González, de la exdirectora del Servicio Nacional de Migración María Cristina González y de otras tres personas por la presunta comisión del delito de peculado por la operación de un centro de llamadas (call center) de Cambio Democrático (CD) durante el pasado torneo electoral.
La investigación se inició en 2014, cuando Giancarlo Terán –también imputado en el proceso– declaró en una entrevista que el call center de CD operaba con fondos públicos y que quien le pagaba el salario era María Cristina González.
Terán presentó como pruebas comprobantes por $721.74 que depositó en la cuenta de González, así como imágenes de los cheques que cobraba en la Asamblea Nacional y que entregaba en efectivo a la exfuncionaria.
El citado call center operaba en el edificio H2O de la avenida Balboa y, según las declaraciones de Terán, funcionarios nombrados en el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) eran obligados a prestar sus servicios en este. Terán también reveló que los fondos para sufragar los gastos provenían de la Asamblea Nacional.
En este caso también se pidió el llamamiento a juicio de Daphne Burgos, exfuncionaria del MICI; Plinio Samaniego, quien laboraba en la Asamblea; y Rodrigo Ureña, quien prestaba servicios en el call center.
El Juzgado Decimotercero Penal fijó para los días 8 y 9 de febrero de 2017 la celebración de la audiencia preliminar a los imputados en este proceso.
A todos los acusados se les impuso la medida cautelar de impedimento de salida del país.
Roniel Ortiz, defensor de María Cristina González, aseguró que no existen indicios que vinculen a su cliente ni a los otros sindicados con el delito de peculado.
Ortiz aseguró que este caso se trata de una investigación sobre supuestos hechos, que nunca han logrado probarse.