La Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó el pasado 26 de marzo al Tribunal Electoral que levante el fuero penal electoral al diputado de Cambio Democrático Edwin Zúñiga, a fin de investigarlo por la supuesta comisión de un delito patrimonial en perjuicio del antiguo Fondo de Inversión Social (FIS), ahora Programa de Ayuda Nacional.
La petición fue realizada por el magistrado de la CSJ José Ayú Prado, quien como ponente de este proceso dictó un fallo el 29 de agosto de 2014, en el que admitió la investigación a Zúñiga.
El diputado es acusado de supuestas irregularidades en la ejecución del proyecto de acueducto de San José, en San Francisco, Veraguas, entre los años 1998 y 2004.
Por dicha obra se pagaron $57 mil 293 con 16 centésimos, dinero procedente del Fondo de Inversión Social (FIS), pero el citado proyecto de acueducto nunca funcionó.
De ese total, se pagaron $55 mil 370 con 2 centésimos a la empresa contratista, Representaciones EDA, S.A. El monto restante, mil 923 dólares con 14 centésimos, fue pagado por la Organización para el Desarrollo Integral de San Francisco, Santa Fe y Calobre, administradora del proyecto.
Este proceso fue iniciado por la Fiscalía de Cuentas, pero en el año 2009 fue enviado a la CSJ, entidad competente para investigar a Zúñiga en su condición de diputado.
Zúñiga era director de Seguimiento y Control del FIS para la fecha en que se llevó a cabo el proyecto de acueducto. Ayú Prado ejerce como magistrado fiscal de cuentas en el proceso.
Melvis Ramos, abogado de Zúñiga, consideró como un trámite normal la petición de levantamiento del fuero. Informó que la semana pasada presentó un incidente de prescripción del proceso patrimonial, en virtud de que este es un caso que data de 1998 y ha transcurrido el término de 10 años para que se extinga el delito.
Ramos explicó que antes de iniciar la investigación, quien sea designado magistrado sustanciador debe resolver la prescripción.
