La Fiscalía Primera Anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio de 55 personas y el sobreseimiento para otras 5, en la investigación relacionada con presuntos sobrecostos en la adquisición de bolsas de granos para escuelas de difícil acceso, a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
La fiscal Tania Sterling pidió abrir causa criminal al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, a la excontralora Gioconda Torres de Bianchini, al exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Rafael Guardia Jaén, y a Rodolfo ‘Chichi’ De Obarrio, antiguo secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli.
También pidió el llamamiento a juicio de los empresarios Roberto Brin, jefe de Compras del Súper 99, y de Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli, entre otros .
En esta investigación de 77 tomos, la Fiscalía solicitó que se dicte un sobreseimiento a favor de los exministros Lucy Molinar (Educación), Guillermo Ferrufino (Desarrollo Social) y Roberto Henríquez (Presidencia). ( Ver tabla).
La Fiscalía inició esta investigación en noviembre de 2014, luego de que el director del PAN, ahora Dirección de Asistencia Social (DAS), Rafael Stanziola, presentara una denuncia ante el Ministerio Público contra Rafael Guardia Jaén por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública (peculado).
En la denuncia, Stanziola detalló que Guardia Jaén adjudicó contratos con el precio de $80 por el quintal de arroz, cuando su precio en el Instituto de Mercadeo Agropecuario era de $49. Igualmente, dio contratos a $100 por el quintal de frijoles, cuando el precio real era de $76 por quintal, y $110 por el quintal de lentejas, cuando su valor real era de $55.
En este proceso, cuando fue indagado por la Fiscalía, Guardia Jaén contó que ‘Chichi’ De Obarrio era la persona que recibía órdenes del expresidente Martinelli sobre cuáles eran las empresas a las que se debían adjudicar los contratos.
Por mencionar al expresidente Martinelli este caso fue remitido a la Corte Suprema de Justicia para que lo investigue, por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano.
En la investigación también se comprobó que para realizar los pagos a las empresas se hacía un desglose de las compras que solo llegaban hasta un monto de $299 mil, ya que si el monto llegaba a los $300 mil correspondía a la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional autorizarlos.
En el caso de Mario Martinelli se señala que este junto con Roberto Brin ideó el esquema para lograr los contratos.
La posible lesión patrimonial al Estado en este caso fue estimada en $12 millones.