La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) pidió ayer acciones para frenar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad que han cooptado al Gobierno de este país centroamericano.
“Se reclama la acción conjunta de los tres poderes del Estado y la participación de la ciudadanía para lograr una verdadera cultura de legalidad”, dijo el comisionado Iván Velásquez, quien explicó que se ha atentado gravemente contra los derechos humanos a través de acciones delictivas.
En el marco de la presentación del décimo informe de trabajo de la Cicig, Velásquez precisó que entre 2008 y 2016 se redujo el nivel de impunidad en un 2% con procesos judiciales contra el crimen organizado, pero que hace falta mucho más.
La Cicig, un ente de Naciones Unidas que coopera con el Ministerio Público de Guatemala en la investigación de casos de corrupción y crimen organizado, divulgó su informe casi mes y medio después de que el presidente Jimmy Morales ordenara la expulsión de Velásquez. Dos días antes, la Cicig y la Fiscalía General habían pedido el retiro de la inmunidad del mandatario para investigarlo por el delito de financiamiento electoral ilícito.
Ayer mismo, el Gobierno publicó una carta en la que anunció que revocaba la visa oficial a Velásquez, a lo que el comisionado jefe de la Cicig restó importancia al explicar que se trata de un trámite administrativo: “Ya se ha solicitado de nuevo la visa”.
Morales fue invitado a la presentación del informe, pero no asistió.
La fiscal general Thelma Aldana agradeció la cooperación de la Cicig y dijo que se comprometía a continuar la lucha contra la corrupción.
Entre los principales procesos que la Cicig ha investigado, en conjunto con el Ministerio Público, están el caso de “La Línea”, por el que en 2015 se acusó al entonces presidente Otto Pérez Molina, a su vicepresidenta Roxana Baldetti y a varios miembros de su Gabinete de actos de corrupción.
Velásquez también anunció ayer que “aprovechando la experiencia y el conocimiento profundo” adquirido durante los 10 años de la comisión, se presentará“una extensa lista” de propuestas de reformas legales que “contribuyan a la modernización del Estado y a su verdadero fortalecimiento institucional”.
El documento apuntará a promover cambios constitucionales en el sistema de justicia, en las leyes electorales y de partidos políticos, en las compras y contrataciones del Estado, así como la inhabilitación permanente de funcionarios acusados de corrupción, y la modernización del Código Penal.
Al referirse al caso por el que solicitaron retirar la inmunidad a Morales, Velásquez negó que la actuación de la Cicig atente contra la soberanía del país, como lo han achacado sectores que se oponen a la presencia de la comisión. “Sus actuaciones no implican lesión de la soberanía en tanto la Cicig no es una entidad que haya sustituido a las autoridades nacionales, un poder supranacional que se le hubiere impuesto al país”, apuntó.