Dirigentes de la sociedad civil organizada esperan que la nueva directiva de la Asamblea Nacional, que se escogerá el próximo 1 de julio, tenga entre sus prioridades discutir las modificaciones del proyecto de ley 305, que reforma la Ley 22 de 2006 sobre las contrataciones públicas del país.
Esto, luego de que el presidente Juan Carlos Varela vetara parcialmente, “por inconveniente”, ocho artículos del proyecto. Consideran que los diputados deben agilizar el debate, debido a que es una ley que busca mejorar en cierta medida la transparencia en las compras que realiza el Estado.
Para Carlos Gasnell, presidente ejecutivo de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, el tema es “prioridad”, de lo contrario, asegura, “se van a seguir llevando a cabo importantes licitaciones con procedimientos que fueron criticados por el actual gobierno en campaña porque permitieron esquemas de corrupción”.
Otro que considera que no se puede dilatar más el tema, dado que estuvo mes y medio en manos del presidente, es Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano.
A su juicio, los diputados deben evaluar responsablemente lo señalado por el mandatario e iniciar el debate para que los ciudadanos no tengan la sensación de que no se quiere buscar transparencia en la gestión pública. “No pueden demorar más”, precisó.
En ese sentido, Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, recordó que el tema del compromiso anticorrupción es una prioridad de la sociedad civil, por lo que seguirán “presionando para que la Asamblea resuelva con rapidez la objeciones presentadas por el Ejecutivo”. Recordó que la agenda anticorrupción es prioridad para su agrupación, e incluso mencionó que han impulsado una propuesta de ley para evitar los conflictos de intereses e incentivar la transparencia.
El Ejecutivo, entre sus objeciones, solicita que la ley incluya la compra de medicamentos, insumos, equipos médicos y otros productos para la salud humana que realice la Caja de Seguro Social (CSS). En relación con la publicación de las convocatorias a actos públicos, solicitó al Legislativo ampliar los plazos, dependiendo del monto y complejidad de la compra, bienes y servicios a contratar.
Igualmente, propone elevar el monto para las licitaciones por mejor valor. En la actualidad, el proyecto 305 permite esta modalidad cuando el monto es superior a $50 mil. No obstante, Annette Planells, del Movimiento Independiente, dijo que el proyecto “tendrá la prioridad que el Ejecutivo quiera darle. Independientemente de quién salga electo presidente de la Asamblea”.
Por su parte, el viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, manifestó que “esperamos que [el tema] se trate con la seriedad del caso, señalando que las iniciativas a tratar son importantes y sensibles”.