El Gobierno de Panamá debe demostrar en el tiempo un mayor apego a los lineamientos establecidos en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
La idea es compartida por agencias internacionales de calificación, como Moody’s Investors Service, y por economistas locales como Felipe Champan.
El Ministerio de Economía y Finanzas promueve una reforma legal para modificar la forma de expresar el balance fiscal y que modifica los límites de gasto.
Renzo Merino, analista soberano de Panamá en la calificadora, dijo en una presentación reciente que los cambios propuestos son positivos desde el punto de vista de calificación, pero añadió que se hace necesario ver un mayor cumplimiento de los límites de déficit.
La Ley de Responsabilidad Social Fiscal fue creada en 2008 como una herramienta de control del gasto, pero desde entonces los límites de déficit han sido modificados cuando el Gobierno lo ha requerido.
El proyecto de ley 693 establece que cuando los aportes del Canal de Panamá al Tesoro superen el 2.5% del producto interno bruto (PIB), la mitad del excedente se destinará al Fondo de Ahorro de Panamá (FAP). Aunque la propuesta es más realista que en la norma vigente (3.5%), las proyecciones señalan que será difícil superar la cota de 2.5%. Por eso, Chapman reclama que en el debate legislativo se puede rebajar al 2% y destinar todo el excedente al FAP.
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