La Red Derechos Humanos de Panamá, integrada por 26 organizaciones, hizo un llamado ayer para que se suspenda el llenado de prueba del embalse de Barro Blanco, ubicado entre Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé, hasta tanto no se atienda a las comunidades afectadas.
Mediante un comunicado, la organización manifestó que la puesta en marcha de la hidroeléctrica ha generado un conflicto que lleva más de 10 años.
“El día 22 de agosto se firma un acuerdo entre las autoridades tradicionales de la comarca Ngäbe Buglé y el Gobierno Nacional que se anuncia como una salida pacífica al conflicto, pero que por el hermetismo y falta de acceso a información en que se dio, generó una gran confusión y malestar en representantes de las comunidades directamente afectadas”, señala la Red.
A la vez, menciona que el camino de Quebrada Caña a Kiabda, en la comarca, quedó sumergido bajo el agua, dejando a ambas comunidades “incomunicadas”, además de que tres casas de los alrededores resultaron inundadas.
Respecto al enfrentamiento reportado la semana pasada en el sector de Gualaquita, Bocas del Toro, piden una investigación, así como la prohibición en el uso de balas de goma, perdigones o cualquier artefacto que ponga en peligro la vida e integridad de las personas.
La solicitud de la Red fue respaldada por Alfredo Castillero Hoyos, defensor del Pueblo, quien también se mostró a favor de paralizar las labores de llenado del embalse y buscar que impere la paz en ese sector del país.
Castillero Hoyos informó que desde el lunes pasado un equipo de la Defensoría se encuentra en la comarca investigando lo sucedido en los enfrentamientos, con el objetivo de preparar un informe.
Aunque dijo desconocer la fecha en que estará concluido el documento, señaló que “como institución estamos comprometidos en esclarecer todo el tema”.
La semana pasada, el Ministerio Público abrió una investigación para determinar las responsabilidades legales por los enfrentamientos en Gualaquita.
NUEVA DEMANDA
Otro grupo de indígenas de la comarca Ngäbe Buglé se manifestó ayer, en las inmediaciones de la Cancillería de la República, para exigir que se cumplan los acuerdos que permitieron la construcción de la hidroeléctrica Chang I en 2009.
Rafael Ábrego, dirigente de los afectados, explicó que fueron recibidos por Benjamín De Gracia, funcionario de la Cancillería, quien se comprometió a responder en temas como vivienda y atención de salud a más de mil familias, que fueron afectadas por la represa.