Islandia entró ayer en una fase de tensas negociaciones políticas, al día siguiente de unas elecciones legislativas anticipadas, que concluyeron sin mayorías para ningún partido, aunque con avances para los Piratas frente a la derecha.
El primer ministro Sigurdur Johannsson, cuyo Partido del Progreso obtuvo su peor resultado en un siglo, presentó su dimisión ante el presidente de la República, Gudni Johannesson, por la tarde. De acuerdo con la Constitución, él y su Gabinete seguirán en el cargo hasta que se forme un nuevo gobierno.
Formar una coalición mayoritaria en un parlamento con una representación tan repartida, con siete partidos presentes, “será una tarea complicada”, declaró Johannsson a los periodistas a la salida de su reunión con el jefe del Estado.
El presidente encargará después al jefe del partido que llegó primero en las elecciones, es decir, al conservador Partido de la Independencia, la formación de un gobierno. Esta tarea recaerá en el ministro de Finanzas del gobierno saliente de centroderecha, Bjarni Benediktsson.
Pequeña isla del Atlántico norte que escapa del marasmo gracias al turismo floreciente, Islandia está dividida entre una parte de la población que quiere dar vuelta la página de la crisis financiera de 2008, y otra que busca ante todo estabilidad.
Amalgama heterogénea de hackers, militantes ecológicos y anarquistas, el Partido Pirata creado en 2012 promueve mayor democracia directa y transparencia en la vida política.
Pero si bien las encuestas le daban más de 40% en la intención de voto hace seis meses, la elección legislativa de una sola vuelta se reveló un éxito a medias tintas para estos Piratas que habían prometido “hacer historia”.
Con nueve bancas en el Parlamento islandés, la elección fue convocada anticipadamente tras la renuncia precipitada del primer ministro Sigmundur David Gunnlaugsson, del Partido del Progreso, el único jefe de gobierno en el mundo víctima por su involucración en la investigación global.