Dentro de las estrategias de lucha contra la corrupción, se permite a los Estados cambiar los periodos de prescripción de los delitos relacionados con corrupción para evitar la impunidad.
Lo anterior es parte del análisis jurídico que hizo la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, al proyecto de ley 514, que modifica el Código Procesal Penal para que los delitos en los que se investiga corrupción no caduquen.
En el documento, la procuradora argumenta que no hay impedimento para que se establezca la imprescriptibilidad de estos delitos y propone incluir suspensiones a la prescripción de la pena en los tipos penales que afecten a una colectividad. También sugiere que se adopten plazos más amplios para los delitos más graves.
“Los delitos contra la administración pública en sus diversas modalidades pueden constituir una grave preocupación social y su inadecuado procesamiento y juzgamiento deviene en una multiplicidad de consecuencias nefastas para el desarrollo de los Estados”, advierte Porcell en la nota que envió a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional el pasado 18 de octubre.
El proyecto de ley 514 llegó al Legislativo, a través de la Oficina de Participación Ciudadana.
PERIODO CLAVE PARA PROYECTO 514
Se prevé que esta semana la subcomisión encargada de analizar el proyecto de ley 514, que busca modificar el Código Procesal Penal para que los delitos relacionados con corrupción no prescriban, entregue un informe final sobre la viabilidad de esta propuesta.
Así lo informó el diputado perredista Quibian Panay, quien junto con la independiente Ana Matilde Gómez y el también perredista Raúl Pineda conforman la subcomisión.
El documento será entregado al panameñista Carlos Santana, presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, después de que el Colegio Nacional de Abogados (CNA) y las procuradurías de la Administración y de la Nación redactaran sus apreciaciones sobre esta iniciativa impulsada por Generación Movin, la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Santa María La Antigua (USMA) y Generación sin Límites.
La Procuraduría General de la Nación, en una nota del pasado 18 de octubre, emitió su análisis jurídico. En el documento firmado por la procuradora Kenia Porcell, se afirma que dentro de las estrategias de lucha contra la corrupción, se permite a los Estados cambiar los periodos de prescripción de estos delitos para evitar la impunidad.
La opinión de la procuradora se sustenta en un análisis de la normativa internacional y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Sostenemos que la prescripción como limitante del poder punitivo del Estado para la persecución delictiva y la sanción a sus autores y partícipes, constituye una garantía judicial que debe ser aplicada de forma acertada por el juzgador, permitiendo de forma excepcional su anulación cuando se traten de violaciones graves a los derechos humanos”, apunta el documento.
Asimismo, hace la salvedad de que los delitos contra la administración pública, en sus diversas modalidades, pueden constituir una “grave preocupación social y su inadecuado procesamiento y juzgamiento deviene una multiplicidad de consecuencias nefastas para el desarrollo de los Estados”.
Pese a que en el informe Porcell sugiere que no hay impedimento para que se establezca la imprescriptibilidad de estos delitos, propone incluir suspensiones a la prescripción de la pena en los tipos penales que afecten a una colectividad o, en su defecto, asegura, pueden adoptarse plazos aún más amplios para los delitos con mayor gravedad.
La procuradora también pidió que se restituya el artículo 1968-C del Código Judicial, que estable que para los delitos contra la administración pública o patrimoniales en los que se vea afectada una institución, se suspenda el plazo de prescripción mientras cualquiera de los que hayan participado en el delito siga desempeñando un cargo público. Esta disposición fue derogada en mayo de 2013.
OTRAS OPINIONES
El procurador de la Administración, Rigoberto González, dio un espaldarazo al proyecto de ley argumentando que la iniciativa es una herramienta jurídica que impedirá la impunidad.
Por su parte, el Colegio Nacional de Abogados, que actualmente preside Dionicio Rodríguez, no descarta por completo la propuesta; sin embargo, aboga por el aumento de penas y los términos de prescripción de la acción penal.
Para el CNA, las reformas propuestas al Código Procesal Penal “no alcanzarán a los casos que hoy causan preocupación”, toda vez que el proyecto de ley no contempla la retroactividad.
Panay, coordinador de la subcomisión que analiza la vialidad de la iniciativa, considera que en los próximos días podría iniciar la discusión para la aprobación del proyecto en primer debate. Afirmó que todo dependerá de Carlos Santana, presidente de la Comisión de Gobierno. Santana expresó que el debate podría posponerse hasta enero de 2018.
Juan Diego Vásquez, estudiante de derecho de la USMA, uno de los que impulsa la iniciativa legislativa, afirma que es “inconcebible” que a este proyecto no se le ha podido dar “un primer debate decente, sesudo y adecuado”.
Recordó que este fue presentado en una reunión de la Comisión de Gobierno en marzo pasado. “Las prioridades de la comisión y de toda la Asamblea están distorsionadas (...)”, añadió.