El secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió activar la ‘Carta Democrática’ por la grave crisis que se vive en Venezuela
El Gobierno de Venezuela rechazó el pedido de Almagro, que calificó de intromisión, y convocó a protestas hoy.
A solicitud del secretario general, Luis Almagro, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunirá hoy en sesión extraordinaria, para analizar la situación de Venezuela.
El proyecto de declaración, empero, no parece estar basado en el informe y la solicitud de Almagro, de activar la Carta Democrática e impulsar medidas para restablecer el orden democrático del país.
Según la agencia de noticias AP, Argentina, que presidente el Consejo Permanente, presentará un texto según el cual la OEA ofrece sus gestiones a Venezuela, “a fin de identificar, de común acuerdo, algún curso de acción que coadyuve, mediante un diálogo abierto e incluyente con todos los actores políticos y sociales, a la búsqueda de soluciones frente a la difícil situación que atraviesa dicho país”.
El llamado a reunión extraordinaria se produjo luego de que –en una carta del pasado 30 de mayo, divulgada ayer– Almagro pidió al presidente del Consejo, Juan José Arcuri, convocar a una sesión urgente del Consejo “entre el 10 y el 20 de junio de 2016, conforme al procedimiento establecido en el artículo 20 de la ‘Carta Democrática Interamericana”.
No obstante, Sergio Jellinek, portavoz de Almagro, adujo que este no participaría en la reunión de hoy para discutir el proyecto de declaración de Argentina, “porque no tiene la lógica en la que él está ubicado”. Según la agencia AFP, Jellinek dijo que “el informe del secretario general tiene que tratarse en una sesión especial del Consejo Permanente convocada en función del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Allí sí estará el secretario general”.
En su misiva, Almagro dijo que en Venezuela “se perdió la finalidad de la política. Se olvidó defender el bien mayor y colectivo a largo plazo sobre el bien individual a corto plazo”.
Al referirse a la alteración del orden democrático, condición básica para la activación de la Carta Democrática, agregó: “el régimen democrático no se agota en los procesos electorales, sino que se expresa también en el ejercicio legítimo del poder dentro del marco del estado de derecho que incluye el respeto a los elementos, componentes y atributos de la democracia” que, en párrafos anteriores enumeró y que, entre otros, comprenden: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; y la separación e independencia de los poderes públicos.
En sus conclusiones, aseguró que “la crisis institucional de Venezuela demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo (…) a riesgo de caer en forma inmediata en una situación de ilegitimidad. La continuidad de las violaciones de la Constitución, especialmente en lo que se refiere al equilibrio de poderes, funcionamiento e integración del Poder Judicial, violaciones de derechos humanos, procedimiento para el referéndum revocatorio y su falta de capacidad de respuesta respecto a la grave crisis humanitaria que vive el país, lo cual afecta el pleno goce de los derechos sociales de la población, todo ello implica que la responsabilidad de la comunidad hemisférica es asumir el compromiso de seguir adelante con el procedimiento del artículo 20 de una manera progresiva y gradual que no descarte ninguna hipótesis de resolución, ni las más constructivas ni las más severas”.
Almagro aludió a una “crisis multidimensional” que, “desde la precariedad de [la] situación económica y financiera [de Venezuela], compromete su futuro social y político”. Además de referirse, con cifras, a la inflación, el déficit fiscal y la deuda externa, y repasar los números de la crisis alimentaria y de salud, advirtió de que “la pobreza medida por ingresos creció hasta 76% en 2015 de acuerdo a Encovi [Encuesta Nacional de Condiciones de Vida]”.
Asimismo, enumeró todas las decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional y las consiguientes decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo con las cuales han sido bloqueadas.
“Existe una crisis subyacente a la confluencia de la crisis económico, social, y humanitaria y que resulta ser la madre de todas las crisis: la política porque responde a una disfuncionalidad estructural. Como antes mencionado, el choque entre poderes y la politización de la justicia son expresiones de esta realidad. La situación de polarización política entre el oficialismo y la oposición se encuadran hacia un contexto de alta fragmentación, desconfianza y hostilidad. Venezuela tiene una clase política, y una sociedad, altamente dividida y polarizada”, remarcó.
Expresó que el funcionamiento democrático normal debe ser “subsanado” de modo urgente y que no hay solución institucional posible, si no se resuelven ocho temas básicos: la realización del referéndum revocatorio; la liberación inmediata de los presos políticas; el acceso a alimentos y salud; la elección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia; la creación de un mecanismo independiente de combate a la corrupción; y la incorporación a la Comisión de la Verdad el apoyo técnico y la representación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
Almagro coincidió con la Unasur en la participación de expresidentes para dar apoyo especial al procedimiento del artículo 20, pero incluyendo a otros, como Andrés Pastrana y Jorge Quiroga, y a la OEA.
En reacción al pedido de Almagro, 16 expresidentes agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) emitieron un comunicado en el que solicitaron que se convoque a un debate tanto al Gobierno como a los representantes de la Asamblea Nacional, “que ha sido objeto de su desconocimiento”.
Asimismo, reiteraron su preocupación por “la ruptura del orden constitucional y democrático por parte del Poder Ejecutivo y del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, al desconocer a una Asamblea que es legítima”, entre otras cosas, “persuadidos” porque la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) “ha hecho pública su adhesión y apoyo irrestricto al Gobierno de Venezuela, y ha cooperado con este con distintas misiones de expresidentes, a fin de desacelerar la legítima protesta democrática, arguyendo la necesidad del diálogo”.
De hecho, el secretario general de Unasur, Ernesto Samper, declaró ayer a AFP que la próxima semana está prevista una nueva reunión de “mediación entre el Gobierno y la oposición, en alusión a una que sostuvieron el pasado fin de semana en República Dominicana representantes de ambas partes con los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de Dominicana, Leonel Fernández; y de Panamá, Martín Torrijos.
“El diálogo en Venezuela no es una concesión, sino una obligación del Gobierno y la oposición para llegar a un acuerdo sobre lo fundamental”, tuitéo Samper.
La Cancillería de Panamá confirmó que en la reunión de hoy participará el embajador ante la OEA, Jesús Sierra. No se adelantó cuál será la postura del país.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, manifestó en una rueda de prensa que la situación de Venezuela no se puede ocultar más. “Comenzando con la crisis humanitaria, presos políticos, todos los órganos del poder público puestos al servicio (...) del Gobierno, presos y exiliados sin juicio, sin auténtica libertad de expresión, se persigue y se criminaliza la disidencia y el Gobierno negándose a que recibamos ayuda internacional en medicinas y alimentos (...)”, remarcó.