El pleno de la Corte Suprema de Justicia no logró un consenso respecto a una solicitud de prescripción de la acción penal y suspensión de la orden de detención presentada por los abogados del expresidente Ricardo Martinelli, dentro del proceso que se le sigue por 355 indultos otorgados entre el 25 y 30 de junio de 2014, en el ocaso de su mandato.
Hasta el cierre de esta edición –12:15 a.m. de hoy, 12 de diciembre–, el pleno deliberaba sobre el pedido planteado por Sidney Sittón, abogado de Martinelli, en una audiencia celebrada ayer lunes, en la que la defensa también intentó recusar a cuatro magistrados: Harry Díaz, Oydén Ortega, Cecilio Cedalise y Hernán De León. Todos son fiscales en otras causas judiciales seguidas al expresidente.
Sittón también solicitó dejar sin efecto la decisión del magistrado José Ayú Prado –que actúa como juez de garantías del caso de los indultos– de declarar a Martinelli “en rebeldía”, el 13 de octubre pasado. En aquella ocasión, el magistrado fiscal Abel Zamorano pidió la detención y extradición del exgobernante.
Sittón dijo que Martinelli no ha acudido “simplemente porque está detenido en una prisión federal”. No obstante, Zamorano replicó que el 10 de mayo pasado no se pudo llevar a cabo la audiencia de imputación de cargos porque Martinelli decidió no comparecer, pese a encontrarse en libertad. Su captura ocurrió un mes después –el 12 de junio–, en Miami, donde permanece detenido a la espera de ser extraditado a Panamá, pero para que responda por otro caso: el de la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional.
Zamorano indicó que al otorgar los indultos se omitieron una serie de procedimientos, razón por la que Martinelli es investigado por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.
Sittón respondió que su cliente “no es responsable de los decretos que emitió” como presidente de la República, ya que estos llevan la firma de los ministros de Estado.