El diputado argentino Julio de Vido, hombre fuerte de los gobiernos kirchneristas, es juzgado desde ayer por su supuesta responsabilidad en la muerte de 52 personas —entre ellas un nonato— en el choque de un tren el 22 de febrero de 2012, en la llamada Tragedia de Once —por el nombre de la estación ubicada en Buenos Aires—, en la que además hubo 789 lesionados.
Familiares de las víctimas portaban pancartas con mensajes como “Basta de corrupción”, “la corrupción mata” y “Justicia para las víctimas de la Tragedia de Once”. Fue la primera audiencia, durante la cual les fueron leídas las acusaciones a De Vido y a Gustavo Simeonoff, extitular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, quien también es juzgado en este caso.
De Vido, poderoso ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios durante la presidencia de Fernández (2007-2015) y la de su antecesor y fallecido marido Néstor Kirchner (2003-2007), está acusado de estrago culposo y administración fraudulenta y se enfrenta a una pena de hasta 11 años de prisión.
El tribunal oral federal determinará si De Vido es responsable de la falta de controles en el sector ferroviario, que posibilitaron uno de los peores accidentes de los últimos tiempos.
Antes de que comenzara el juicio, De Vido reiteró a través de un comunicado que es “inocente” y que la responsabilidad de todo es del chofer Marcos Córdoba.
No obstante, de acuerdo con lo que quedó establecido en un primer juicio por esta tragedia en 2015, el choque fue causado por una suma de factores vinculados con la falta de inversión para el mantenimiento y el descuido de la seguridad con que hacían su recorrido, informó el diario Clarín.
Por esta razón, detalla el diario, es que sobre De Vido recae la acusación de “estrago culposo agravado por muerte”.
Cuando la secretaria del tribunal leyó las acusaciones, señaló “el deplorable estado” del servicio ferroviario; mencionó una serie de irregularidades e incumplimientos de las empresas concesionarias y se refirió al mal desempeño de los organismos de control y la falta de inversiones del Estado, reseñó Clarín.
Se trata del primer juicio a quien tuvo bajo su órbita el área de transporte, quien también está en la mira de la justicia por supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas y la presunta compra de material ferroviario inservible a España y Portugal, entre otros supuestos hechos de corrupción.
María Luján Rey, madre de Lucas Menghini —una de las víctimas del accidente—, estaba en el tribunal y dijo que hay pruebas suficientes para condenar al exministro. “No solo sabía en qué condiciones se brindaba el servicio [sino que] no hizo nada por mejorarlo e hizo cosas para que empeorara”, afirmó la mujer.
En el proceso de 2015, dos exsecretarios de Transporte bajo las órdenes de De Vido, exdirectivos de la empresa TBA, S.A. —concesionaria del ferrocarril— y el conductor del tren fueron condenados a varios años de cárcel por este hecho. Las sentencias fueron apeladas.
La fiscalía y el juez que investigó el accidente acusaron a De Vido de conocer el deficiente estado del material rodante y de la línea ferroviaria, mientras seguía otorgando cuantiosos subsidios a la concesionaria.
El exministro alegó que no le correspondía la gestión de compra de material para trenes ni el control de la concesionaria, y responsabilizó del hecho al conductor de la formación accidentada. También dijo a periodistas que el juicio “es un acto más de persecución del gobierno de [Mauricio] Macri”.
(Con información de la agencia AFP).