El Órgano Ejecutivo podrá expropiar bienes en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, como una medida administrativa que se aplicará a los propietarios renuentes a invertir, restaurar o reconstruir en sus inmuebles y lotes baldíos.
Ayer, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 433 que incluye la expropiación. Sus críticos advierten que si bien la figura es constitucional, aplicarla como sanción administrativa, sin juicio previo y sin que haya una indemnización justa por parte del Estado al dueño, significaría confiscación de propiedades.
Para Adolfo Linares, presidente de la Compañía Inmobiliaria San Felipe, dedicada a la restauración de proyectos, más que una expropiación, “lo que se está introduciendo con este proyecto es la figura de la confiscación que está prohibida por nuestra Constitución”.
En tanto, Patricia Pinzón, de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo, considera que la expropiación, como una sanción administrativa, “será un instrumento que se prestará para la corrupción y la falta de transparencia”.
Con el proyecto, los inversionistas deberán indemnizar hasta con $12 mil a las familias que sean desalojadas de los inmuebles que serán restaurados. El proyecto original establecía una indemnización máxima de $5 mil. Para Linares, este incremento hará inviable el desarrollo de algunas propiedades de la zona.