El proyecto de ley que regula el pago y compensación por los servicios ambientales en Panamá ya genera polémica en varios sectores.
La iniciativa, aprobada en primer debate en la comisión de Ambiente y Población de la Asamblea Nacional, establece el pago a comunidades rurales que cuidan el medio ambiente y cuyos recursos naturales son explotados por compañías.
El documento plantea que las firmas empresariales, como hidroeléctricas, deberán pagar al Estado, y este, a través de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) o los municipios, recompensará a las comunidades que resguarden esas reservas naturales.
De hecho, se hace referencia a un cargo equivalente a cinco centésimos por litro o kilogramo de pesticida utilizado; un centésimo por cada kilovatio comercializado por las compañías generadoras; cinco centésimos por cada mil galones de agua potable de usuarios industriales, entre otros.
Organizaciones como el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) avalan esta propuesta legislativa porque busca la conservación del medio ambiente.
Antonio Chang, miembro del Departamento Legal del Ciam, manifestó que las comunidades en extrema pobreza también recibirán beneficios, ya que muchas veces sus tierras son explotadas por los grandes grupos empresariales que dejan a su paso devastación.
No obstante, el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) Roberto Troncoso destacó que esto pareciera un nuevo impuesto, el cual no se ha consultado de forma correcta.
“Esto representará un traslado de costos a simple vista si se aprueba esa norma. Además, los microempresarios no podrán con estos nuevos impuestos”, señaló.
Troncoso sugirió evaluar con más detenimiento esta normativa en la que se presenten todos los sectores del país interesados en el tema.
En tanto, Harley Mitchell hijo, exdirector de Legal de Anam, sostuvo que aunque la iniciativa tiene buena intención, muchos empresarios podrían pensar que al pagar esos impuestos pueden usar a su disposición o conveniencia esos recursos naturales, lo que podría ser negativo.
“Creo que debe haber más debate en este proyecto”, advirtió.
