Cárcel común o prisión domiciliaria para condenados por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura (1976-1983) suscita polémica en Argentina, luego de que un tribunal otorgara ese beneficio al emblemático ex jefe policial Miguel Etchecolatz, condenado a perpetuidad.
Dos jueces de la ciudad de La Plata concedieron el viernes la prisión domiciliaria a Etchecolatz, de 87 años, alegando “cuestiones humanitarias” o simplemente su avanzada edad, y generaron indignación entre víctimas directas, testigos en los juicios y organismos de derechos humanos.
El expolicía, que inició el 26 de julio una huelga de hambre, sigue preso porque la vuelta a su domicilio le fue denegada en otra causa.
Desde que en 2006 se reanudaron los juicios por los crímenes de la dictadura, tres años después de la anulación de las leyes de amnistía, los organismos humanitarios han bregado por “cárcel común y efectiva” para procesados y condenados. Carlos Zaidman, una de sus víctimas, señaló que el beneficio para los represores “no es nuevo, pero es un salto de calidad. Etchecolatz es emblemático, es como si lo dejaran ir a su casa a Alfredo Astiz”, el exmarino que infiltró a las Madres de Plaza de Mayo y fue condenado por su participación en la dictadura cívico-militar.
“No estamos hablando de un viejito bueno y arrepentido, sino que está demostrado en los juicios que es un asesino serial, que ha secuestrado y torturado a miles y ha robado bebés”, advirtió Zaidman, de 64 años, sobre el exjefe de inteligencia de la provincia de Buenos Aires.
Los presos mayores de 70 años tienen en Argentina derecho a la prisión domiciliaria por razones de salud, pero no se aplica de manera automática y depende de cada tribunal.
De los mil 56 detenidos por crímenes durante la dictadura (condenados y procesados), 568 están en la cárcel (54%) y 462 en prisión domiciliaria (44%), según un informe de julio de la Procuraduría por Crímenes de Lesa Humanidad. El resto está hospitalizado o en otras dependencias.
En el primer semestre de este año, desde la asunción del presidente Mauricio Macri, fueron otorgadas 50 detenciones domiciliarias, lo que marcó“una aceleración”, dijo Zaidman.
“Hay una política del Gobierno de desandar lo caminado, un retroceso muy fuerte en derechos humanos y sociales”, consideró ayer el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Macri mantiene una relación tensa con los organismos humanitarios que lo critican, entre otros temas, por subestimar la cifra de 30 mil desaparecidos y decir en campaña que iba a “terminar con el curro (robo) de los derechos humanos”.
Los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), dividieron aguas entre aliados y detractores en las organizaciones humanitarias.
“¿Hay que pensar que el gobierno anterior era menos malo, que el actual es más rápido o que ambos son pésimos?”, ironizó la agrupación Hijos (de desaparecidos) La Plata, crítica de ambas gestiones.
El viernes pasado, el último de 37 represores condenados en un juicio en Tucumán que permanecía en la cárcel, fue también autorizado a regresar a su casa con una pulsera electrónica.
“Está claro que hay un contexto político que está ejerciendo una presión que, si los juicios continúan, que sea con los genocidas en su casa”, consideró Guadalupe Godoy, querellante contra Etchecolatz.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, prometió que los juicios seguirán, pero los organismos advierten sobre “los artilugios jurídicos que hacen perder peso a condenas ejemplares”, dijo la activista y psicóloga Ana Careaga.
Desde 2006, se dictaron 163 sentencias, con 689 condenados y 69 absueltos. Hay aún 846 procesados. Casi 400 murieron, la mayoría sin condena.