Una advertencia de la policía británica contra los medios de comunicación que publiquen documentos confidenciales suscitó indignación entre periodistas y políticos que denuncian un ataque a la libertad de prensa.
El jefe adjunto de Scotland Yard, Neil Basu, exigió a quien estuviera en posesión de documentos gubernamentales filtrados, citando a “dueños, redactores en jefe o editores de medios tradicionales o sociales”, que no los publique o los devuelva a las autoridades.
“La publicación de comunicaciones que fueron filtradas, teniendo en cuenta los daños que causaron o son susceptibles de causar, puede constituir un delito penal”, declaró Basu en un comunicado.
Basu anunció la apertura de una investigación criminal sobre las filtraciones a la prensa de cables diplomáticos críticos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un caso que provocó la dimisión del embajador británico en Washington, Kim Darroch.