La decisión de Ricardo Martinelli de interceder ante los gobiernos de España e Italia, en el conflicto entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y su mayor contratista, establece el antecedente de un mandatario que interfiere internacionalmente en los asuntos contractuales de la vía interoceánica.
Cuando Grupo Unidos por el Canal (GUPC), encargada del diseño y construcción del tercer juego de esclusas, amenazó con suspender la obra por sobrecostos que llegan a mil 600 millones de dólares, Martinelli dijo que exigiría a ambos gobiernos hacer que sus empresas cumplan el contrato, dado que tienen responsabilidad solidaria y moral.
Pero ni el Gobierno ni el Estado de Panamá tienen potestad legal para mediar en el diferendo.
El contrato suscrito por la ACP y GUPC establece que la relación es entre el contratista y la empresa panameña. El Canal utilizó como garantía de la obra sus ingresos, y no el respaldo financiero del Estado.
Mañana lunes habrá una reunión entre la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, y el presidente panameño, Ricardo Martinelli, de la que pueden surgir dos escenarios, según fuentes conocedoras del tema.
Uno, que los gobiernos de España e Italia decidieran inyectarle capital a sus empresas, con el fin de salvarlas del bochorno internacional de abandonar la obra. Y el otro, generar mayor presión para que la ACP se salga del contrato y pacte nuevos términos.
Este conflicto no sería nuevo para el mandatario. Su principal consultor político Aníbal Galindo es también socio de la firma de abogados que asesora a GUPC en Panamá.