Recelo, inquietud, parálisis, son palabras que usan los políticos brasileños y sus asesores para describir las horas previas a la nueva ola de investigaciones sobre corrupción que se avecina, basadas en la confesión de exejecutivos de Odebrecht.
El poder de daño de los cerca de 900 testimonios judiciales sobrevuela al gobierno conservador del presidente Michel Temer, que busca impulsar una espinosa reforma de las jubilaciones ante un Congreso que concentra su atención en distintas iniciativas para amnistiar delitos ligados a la financiación de campañas.
“El viernes [fue] el último momento de calma antes de la crisis política que viene y que se va a prolongar por varios meses. Y es un momento muy malo para la credibilidad política, que en Brasil nunca fue muy alta”, dijo el sociólogo y autor político Alberto Almeida, del Instituto Análise.
“Ya tuvimos grandes escándalos, pero todos se resolvieron dentro del mundo político. Ahora hay un conflicto entre el mundo político y el poder judicial y esa posibilidad ya no existe”, añadió.
El choque se agrió aún más luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) aceptó esta semana juzgar al senador Valdir Raupp, hombre fuerte del PMDB de Temer, por entender que había indicios de ilegalidad en el origen de unas donaciones registradas, según lo establece la ley.
Con ese fallo, la corte suprema extendió las sospechas sobre la llamada “Caja 2”, dinero no declarado para financiar actividad política, hacia la “Caja 1”, donde se contabilizan las donaciones legales.
Ahora nada está fuera del escrutinio de la Operación Lava Jato, sobre los sobornos en Petrobras, o de alguna investigación conexa.
Un asesor parlamentario que conoce el caso Raupp expresó que “la decisión del STF dejó al mundo político estremecido”.
El clima en Brasilia antes de las denuncias que presentará el fiscal general Rodrigo Janot podría atentar contra las intenciones de Temer de empujar sus reformas: “Cada vez que viene una nueva ola de Lava Jato, el Congreso para”, afirmó un funcionario de la Cámara de Diputados que pidió el anonimato.
Con la economía sumergida en la peor recesión de la historia, Temer repite como un mantra que su prioridad es sacar al país de la hondonada y crear empleos. Pero las filtraciones de algunas delaciones de la constructora Odebrecht lo salpicaron directamente, junto con varios de sus principales asesores.
Temer sucedió a su compañera de fórmula Dilma Rousseff, luego de que esta fuera destituida en 2016 por adulterar las cuentas públicas y completará el mandato de la presidenta izquierdista, hasta fines de 2018.
La admisión de Odebrecht de que entregó cientos de millones de dólares en sobornos a políticos, dentro y fuera de Brasil, es una espada de Damocles que amenaza con la cárcel a numerosos políticos y tiene además potencial para anular el resultado de la elección presidencial de 2014, ganada por Rousseff-Temer.
“Hay alboroto en Brasilia en función de estos nuevos pedidos de investigación por la fiscalía y es natural que el ambiente político esté alterado (...) Hay que moverse con mucho cuidado en este terreno movedizo”, reconoció el pasado viernes el juez de la corte suprema Gilmar Mendes a Globonews.
La Operación Lava Jato destapó una trama de corrupción en la estatal Petrobras, expoliada por políticos y constructoras para financiar campañas. Los desvíos de fondos públicos superaron los 2 mil millones de dólares. Con tanto en juego, el futuro de uno de los mayores casos de corrupción del mundo no está asegurado.
“Creo que hay riesgo de un retroceso (...), como ese intento de una amnistía”, indicó el juez Sergio Moro, que dictó numerosas condenas de reclusión en este caso, entre ellas la de Marcelo Odebrecht , ex CEO de la empresa que lleva su apellido, sentenciado a más de 19 años.
“Hay muchas investigaciones en curso. Habrá que ver cuál es el destino de ellas”, completó en una entrevista con el diario Valor.
Este mes se cumplen tres años del inicio de la Operación Lava Jato. Presidentes, exmandatarios, senadores, diputados, ejecutivos de empresas estatales y empresarios integran la larga lista de investigados, en juicio o ya encarcelados por su participación en la red de corrupción de la brasileña Petrobras, un esquema que luego fue exportado a América Latina y África por la constructora Odebrecht.
Fiscal tiene pruebas contra Heredia
El fiscal general de Perú, Pablo Sánchez, aseguró en una entrevista concedida a la emisora colombiana La W, tener pruebas que relacionan a la ex primera dama Nadine Heredia con el caso Odebrecht.
“Lo que tenemos hasta ahora son elementos de prueba bastante objetivos, y lo que está haciendo el fiscal Germán Juárez es analizar jurídicamente la comisión del delito que se imputa; que es lavado de activos”, dijo Sánchez cuando le preguntaron si habían pruebas certeras de que Heredia recibió el dinero de la empresa.
El funcionario también señaló que se están realizando las investigaciones con cautela para que no se caiga la investigación por algún error. Por su parte, el abogado de Heredia, Wilfredo Pedraza, expresó al diario Perú21 que al Fiscal General “no le tocaba hablar” de un caso que se encuentra bajo investigación y que “no les preocupan” estas declaraciones.
En el pasado mes de febrero, el exdirectivo de la constructora brasileña Odebrecht admitió ante la justicia que le entregó 3 millones de dólares
a Nadine Heredia para financiar la campaña presidencial de su esposo Ollanta Humala en 2011.
Ante las acusaciones, Heredia desmintió haber recibido dinero de Odebrecht y señaló que los aportes financieros a la campaña del entonces candidato del Partido Nacionalista –el expresidente Humala– fueron consignados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la autoridad electoral de Perú.
(Con información de Perú21)