La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, aseguró ayer que la investigación que adelanta la Fiscalía Primera contra el Crimen Organizado por las transacciones efectuadas para la compra del grupo Editora Panamá América, S.A. (Epasa), presuntamente con fondos del Estado, va dirigida a que “todos [los implicados] devuelvan el dinero público”.
“Al Ministerio Público (MP) le corresponde la persecución del delito [blanqueo de capitales], la ubicación de sus autores y la recuperación de sus activos y que todos devuelvan el dinero público”, dijo Porcell en una conferencia de prensa, en la que reveló que parte del dinero recibido del Estado para ampliar la autopista Arraiján-La Chorrera fue utilizado para la compra del grupo de medios impresos.
La obra fue adjudicada en 2010, durante el gobierno de Ricardo Martinelli, a Transcaribe Trading, S.A. (TCT), vinculada a los hermanos David y Daniel Ochy.
Precisó que $22 millones que el Gobierno entregó como adelanto a TCT por la obra se presume que fueron utilizados para la compra del grupo editorial.
En tanto, dirigentes de gremios periodísticos advirtieron que el MP debe respetar la libertad de expresión y la operación de los periódicos, pero recalcaron que se debe sancionar a quienes violaron la ley.
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