El viaje a España de la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, cobra especial importancia en un momento en el que las investigaciones sobre el pago de coimas de Odebrecht en Panamá dependen en gran medida de pruebas y evidencias gestadas en el extranjero.
Durante su periplo institucional en el país europeo, Porcell tuvo reuniones de alto nivel en la sede de la Fiscalía General de España.
En concreto, se reunió con la fiscal titular que coordina los casos de cooperación penal internacional, Rosa Ana Morán Martínez, quien, además, la acompañó en las citas de trabajo que mantuvo con los fiscales del Departamento Anticorrupción en relación con las investigaciones que ambas fiscalías están llevado a cabo de forma conjunta.
El órgano responsable en España de la cooperación jurídica internacional ha recibido dos comisiones rogatorias de parte de las autoridades panameñas vinculadas con el caso Odebrecht.
La primera tuvo como objeto la investigación patrimonial en España del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.
Como resultado de esta petición de auxilio judicial, el 10 de mayo de este año, la Fiscalía General Anticorrupción de España embargó una cuenta bancaria y un apartamento de lujo a Ricardo Alberto Martinelli Linares. El apartamento fue comprado el 23 de enero de 2014 por la sociedad panameña Desarrollo Inmobiliario Ibérico, S.A., según el informe del registro de la propiedad de Madrid al que tuvo acceso este diario.
En este momento, hay abierta una investigación para desentrañar el modo en que se llevó a cabo la venta y su posible relación con la empresa Odebrecht.
Asimismo, las autoridades panameñas enviaron una segunda rogatoria a España en marzo de este año, para que la fiscalía española interrogara al exoperador financiero de Odebrecht Rodrigo Tacla Durán, quien fue detenido en noviembre del año pasado en un céntrico hotel de Madrid.
Tacla Durán respondió a preguntas sobre su vinculación con la trama corrupta en Panamá y, en concreto, sobre el caso que imputa a los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, según confirmaron a La Prensa fuentes judiciales del Departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de España.
Las declaraciones de Tacla Durán, considerado el verdadero cerebro financiero de la trama corrupta, son determinantes para el avance de las indagaciones relacionadas con Panamá por dos razones: trabajó en el Departamento de Operaciones Estructuradas (el organismo de reparto de sobornos) de Odebrecht hasta 2016 y fue una figura clave en el mecanismo que la empresa brasileña implantó en la Banca Privada de Andorra (BPA) para no dejar rastro de las coimas.
Según explicó Tacla Durán a las autoridades judiciales de España en respuesta a una asistencia judicial de Perú, la institución financiera BPA -cuya cúpula está procesada en Andorra por lavado de dinero– era el centro neurálgico del sistema de coimas internacionales que maquinó Odebrecht para conseguir obras públicas multimillonarias en varios países de Latinoamérica, entre ellos, Panamá.
Tacla Durán declaró ante la Fiscalía Anticorrupción de España que Odebrecht “pagaba coimas en todos los países a través de BPA”. El sistema utilizado para ocultar el rastro del dinero consistía en hacer crear sociedades pantalla a los implicados para que se hicieran los pagos entre ellos a través de testaferros.
En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción investiga a 62 personas por el pago de sobornos de Odebrecht, a quienes ha formulado cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. El pasado 9 de noviembre, el Juzgado Duodécimo avaló tres acuerdos entre la fiscalía y exejecutivos de la compañía.
La última razón del viaje a España de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, fue el funeral de José Manuel Maza, fiscal general de aquel país, fallecido el pasado sábado en Buenos Aires por una infección renal.
El juez español llevaba menos de un año al frente del Ministerio Público. De hecho, cuando participaba junto a otros magistrados, entre ellos Porcell, en la Asamblea de Ministerios Públicos Iberoamericanos en Argentina, que comenzó el pasado día 15, tuvo que ser ingresado tras sentirse indispuesto.
Un día después, su situación empeoró y se produjo su fallecimiento por causas naturales. En ese escenario, la fiscalía española había sido elegida para ocupar el puesto de secretaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Por su parte, Porcell fue aclamada como nueva presidenta del organismo internacional.