La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, presentó ayer ante el pleno de la Asamblea Nacional un proyecto de ley para que se haga una excepción a la regla de la reserva del sumario y así poder publicitar los procesos relacionados con delitos de corrupción, enriquecimiento injustificado y afectación del patrimonio del Estado.
La jefa del Ministerio Público explicó que con esta propuesta se promueve la modificación de 11 artículos del Código Penal y 4 artículos del Código Procesal Penal.
“Estamos incorporando la expresión que como precedente del delito de blanqueo de capitales entren todos los delitos contra la administración pública, y también estamos solicitando un aumento de pena en delitos de corrupción, de tráfico de influencias y fraude en contrataciones públicas, así como modificaciones a distintas disposiciones, para que se levante la reserva en la administración pública”, dijo.
Porcell reiteró que los delitos de corrupción y contra la administración pública afectan los bienes del Estado, interviniendo en el pleno ejercicio y el disfrute de los derechos humanos.
“La impunidad impulsa este tipo de prácticas, dando como resultado actos ilícitos que prohíben materializar los derechos fundamentales, como lo es la educación y el acceso a la salud”, dijo.
Porcell añadió que se requiere tomar medidas para disuadir los actos delictivos y establecer normas adecuadas para obtener mejores resultados.
La intención de presentar dicha propuesta ya había sido anunciada por la procuradora el pasado lunes, en una rueda de prensa sobre el caso Blue Apple, investigación relacionada con sobornos pagados por contratistas del Estado a funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda, en los años 2011 y 2012, a cambio de agilizar trámites administrativos para la ejecución de la obra y desembolso de partidas.
Porcell ha solicitado también aprobar el proyecto que establece la extinción de dominio, para que a través de una jurisdicción especial se puedan expropiar los bienes a los corruptos. También abogó por la aprobación del proyecto que busca la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con actos de corrupción.
En la Asamblea Nacional también está una iniciativa ciudadana que se presentó la semana pasada y que busca prohibir de manera perpetua que personas condenadas por corrupción opten a puestos de elección popular, ocupen cargos públicos y contraten con el Estado.