El Ministerio Público se encuentra en una carrera contra reloj para poder implementar el sistema penal acusatorio a partir del 2 de septiembre próximo en el tercer circuito judicial, que incluye a las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.
El gran obstáculo, sin embargo, sigue siendo la falta de recursos para esta entidad, que recibió un recorte en su presupuesto para 2015 de más de $50 millones y tendrá que funcionar este año con $86 millones.
Aunque la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó la semana pasada una partida de $3.3 millones para implementar el sistema en Bocas del Toro y Chiriquí, la procuradora de la Nación, Kenia Porcel, considera que la partida será“insuficiente” para darle cumplimiento cabal a esta meta.
“La implementación de este sistema para septiembre de este año constituye un reto fundamental para el Ministerio Público, porque Chiriquí y Bocas del Toro están entre las provincias en donde la incidencia en la comisión de delitos es alta”, indicó, y explicó que se necesita crear fiscalías de descarga, que llevarán las causas penales paralelamente a la introducción del sistema penal acusatorio; nombrar personal; crear nueve fiscalías en las áreas indígenas; y contar con el soporte tecnológico para aplicar el nuevo régimen penal.
“Si nosotros no contamos con toda esta infraestructura para poder atender a las víctimas y la comisión de los delitos, los niveles de impunidad van a aumentar; no porque el Ministerio Público no quiera hacer su labor, sino porque no tenemos los recursos ni los mecanismos para llegar a hacer esa labor”, advirtió.
Porcell, nombrada por el Ejecutivo a finales de 2014, asumió el puesto el pasado 2 de enero.
