La postura inflexible de Grupo Unidos por el Canal (GUPC) ha estancado las conversaciones para evitar que se detenga la construcción del tercer juego de esclusas.
El consorcio, formado por la española Sacyr Vallehermoso, la italiana Salini Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, S.A. mantenía hasta ayer el reclamo de $1,000 millones, como pago por inprevistos, para continuar los trabajos. Si se aceptara su petición, quedaría sin efecto el contrato firmado con la administración del Canal.
“No importa qué tipo de presión se haga, nosotros mantenemos nuestra exigencia de que GUPC respete el contrato que ellos mismos aceptaron y firmaron”, dijo Jorge Luis Quijano, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, que ratifica su postura.
Técnicamente, los intentos de acercar posturas para que se cumpla con el trabajo encargado a GUPC en el tiempo previsto hasta ahora, se han estancado.
El Gobierno italiano ha esperado una semana para alinearse con el de España frente a este conflicto y no fue hasta ayer que el ministro de Infraestructuras italiano, Maurizio Lupi, respaldó y recomendó el respeto del contrato vigente.
“Junto con el Gobierno español nos esforzaremos para asegurar que se complete una gran obra civil con la contribución de las empresas italianas y europeas líderes en el cumplimiento de las leyes, contratos y los intereses legítimos de las partes”.
Ni España ni Italia han mencionado la posibilidad de ayudar financieramente a las empresas del consorcio con problemas de liquidez.