Una semana después de las revelaciones sobre la constitución de sociedades offshore para mandatarios, políticos, deportistas de élite y distintas celebridades por la firma panameña de abogados Mossack Fonseca en distintas jurisdicciones, Gobiernos y organismos internacionales se disponen a tomar medidas para combatir el mal uso de este tipo de instrumentos jurídicos.
Líderes de Francia, Inglaterra y Alemania han manifestado la necesidad de tomar acciones para erradicar la utilización de paraísos fiscales por parte de las élites para ocultar su patrimonio de las autoridades fiscales, una práctica que quedaría evidenciada en una investigación global iniciada por la filtración de 11.5 millones de documentos de la firma panameña al diario alemán Süddeutsche Zeitung y posteriormente compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y otros 109 medios de comunicación.
Esta semana se celebran en Washington, Estados Unidos, las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial y el tema de los paraísos fiscales acaparará buena parte de la atención de los debates.
El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, pedirá en la cita la adopción de una lista negra de paraísos fiscales y la coordinación de sanciones. El Gobierno galo, que ya incorporó a Panamá en su particular lista de países no colaboradores, planteará 15 propuestas para luchar contra la evasión fiscal ante el G-20 —grupo integrado por los países más industrializados del mundo y un grupo de países en vías de desarrollo— en la asamblea del FMI.
“Francia desea un acuerdo a nivel del G-20 sobre la creación de una lista negra que permita identificar (...) las jurisdicciones no cooperativas en el ámbito fiscal y aplicarles contramedidas coordinadas entre los diferentes Estados”, según un comunicado del ministerio, citado por la agencia francesa AFP.
Francia también solicitará que “todos los países se doten de registros uniformizados de los beneficiarios efectivos, que incluyan todas las formas de personas (compañías por acciones, fundaciones, etc.)”, y que estos registros se hagan públicos.
Además, el país europeo aspira a que la Unión Europea refuerce “la eficacia de las sanciones que se aplican a los intermediarios que favorecen o alientan la evasión fiscal”.
En una línea similar se había manifestado el domingo el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, quien solicitó registros “sistemáticos” de los beneficiarios de las sociedades pantalla, así como una “lista negra”única de paraísos fiscales no cooperativos.
El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, compareció ayer ante el Parlamento británico luego de haber reconocido que tuvo acciones en un fondo de inversión creado por su padre, hecho que ha generado fuertes críticas contra el político conservador.
Cameron, que como otros líderes británicos hizo pública su declaración de renta, dijo en la Cámara de los Comunes que vendió las acciones antes de asumir como primer ministro en 2010. Explicó que su padre creó un fideicomiso en el extranjero con fines de inversión, no para evadir impuestos, y que radicó la firma en el exterior para comerciar con instrumentos financieros en dólares. “Es una práctica corriente y no se trata de evadir impuestos”, dijo Cameron, en declaraciones recogidas por AP.
Además de defenderse de las acusaciones, el primer ministro anunció una serie de leyes con el objetivo de combatir la evasión fiscal.
Los territorios británicos de ultramar brindarán a las autoridades fiscales acceso completo a la información sobre los beneficiarios reales de las empresas.
Entre las jurisdicciones británicas que son consideradas paraísos fiscales están Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas. Esta última es la más utilizada por Mossack Fonseca para constituir sociedades, según la investigación periodística global.
Carlos Barsallo, miembro de la junta directiva del Instituto de Gobierno Corporativo, dijo ayer a este diario que la creación de registros con los beneficiarios es una tendencia que se viene observando y que se ha exacerbado por los eventos de la última semana. El abogado sugirió que es un paso que se debe dar de manera simultánea y concertada con todos los países, especialmente los que tienen relevancia en la constitución de sociedades.
En Panamá, la información sobre el beneficiario final la deben tener los agentes residentes, y esta puede ser solicitada en el marco de una investigación. No obstante, no existe un registro centralizado con dicha información.
Aunque el mecanismo que utilice cada país pueda diferir, para Barsallo la aspiración de estas iniciativas es que cuando haya una petición de información, se pueda cumplir con ella.
Otra medida que impulsa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es el intercambio automático de información financiera.
Aunque Panamá ha hecho declaraciones mostrando su compromiso de implementar el intercambio automático, no se ha adherido al estándar propuesto por la OCDE, lo que le ha valido fuertes reproches del organismo internacional, que tildó al país como el “último gran reducto que continúa permitiendo que fondos sean ocultados de las autoridades fiscales”.
Consultado sobre el eventual impacto que tendría para el centro financiero la adopción del estándar planteado por la OCDE, Barsallo comentó que sí podría haber una salida de aquellos capitales que estén en Panamá solamente por motivos de confidencialidad, pero que también habría que hacerse la pregunta de cuál es el costo-beneficio de albergar este tipo de capitales.