Un habeas corpus fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare probado un incidente de desacato contra el director general del Sistema Penitenciario, Armando Medina. Esto, luego de que el pasado 7 de diciembre se trasladara a 10 presos al Centro de Detención Preventiva, Punta Coco, ubicado en isla del Rey, archipiélago de Las Perlas.
La acción legal presentada ayer hace referencia a “la falta de un médico en la isla para tratar cualquier urgencia de salud”. También menciona “la evidente carencia de insumos médicos”.
La remodelación de la cárcel
En el recurso se advierte, además, que a los detenidos no se les permite ingresar abanicos, repelente para mosquitos, y se dice que en esa prisión no hay agua potable .
En el escrito presentado por Kevin Moncada, abogado de uno de los procesados, también se solicita al pleno de la Corte Suprema de Justicia realizar una inspección a las instalaciones.
“Consideramos que la autoridad acusada [el Sistema Penitenciario] ha faltado al respeto una vez más a este máximo Tribunal de Justicia, toda vez que permanecen intactas las falencias tratadas en el fallo del 21 de junio pasado”.
La acción fue presentada a favor de Héctor José Murillo, Carlos Mosquera, José Cossio, Ismael Cueto y Azael Ramos. En esa lista también se encuentran Germán Chanis, Luis Hernández, Carlos Candanedo, Ricaurte Villasanta e Ismael Brown, quienes fueron trasladados a ese centro.
El 21 de junio de 2018, el pleno de la Corte, con Harry Díaz como magistrado ponente, declaró ilegal la detención de privados de libertad en esa cárcel. A juicio de los magistrados, el penal, ubicado en la isla del Rey, archipiélago de Las Perlas, no cumple con las condiciones de centro de detención.
El mencionado fallo también deja abierta la posibilidad de que si se realizan las adecuaciones sugeridas, el lugar puede ser utilizado como centro de detención.
El Ministerio de Gobierno, a través del Decreto Ejecutivo número 72 del 30 de mayo de 2018 creó, mediante resolución, el Centro de Detención Preventiva Punta Coco, que será destinado a personas privadas de libertad calificadas como de peligrosidad extrema.