El presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Harley Mitchell, abrió la compuerta para que la Asamblea Nacional (AN) investigue los señalamientos del magistrado Harry Díaz sobre el supuesto archivo de expedientes y venta de fallos en esa entidad.
Mitchell, quien es el presidente de la Sala Primera de lo Civil y miembro de la Sala Cuarta de Negocios Generales, envió una nota al presidente del Legislativo, Adolfo Valderrama, en la que instó a ese Órgano del Estado a “determinar lo pertinente” conforme a la Constitución y la ley.
Como anexo remitió las declaraciones de Díaz, dadas a este diario el domingo.
Consultados sobre la carta, activistas de la sociedad civil –entre ellos la exmagistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño y Edna Ramos, del Movimiento de Abogados Gremialistas– pidieron a la Asamblea designar a un fiscal para que investigue.
Arosemena de Troitiño explicó que lo que hizo Mitchell es la forma como los servidores públicos actúan cuando conocen algún acto irregular.
Ramos acotó que se debe auditar los despachos de los magistrados, mientras que Díaz afirmó no saber nada de la carta.