La Fiscalía de Estambul reclamó ayer domingo hasta 15 años de cárcel para 11 activistas de derechos humanos, en su mayoría detenidos en julio y acusados de vínculos con una “organización terrorista”, según la agencia Dogan.
Entre los acusados están la directora y el presidente de Amnistía Internacional (AI) para Turquía, Idil Eser y Taner Kiliç, así como un ciudadano alemán y un sueco.
Los activistas, de los cuales ocho están detenidos, tienen cargos por pertenecer y asistir a una “organización terrorista armada”, precisa la agencia.
La fiscalía reclamó entre 7.5 y 15 años de prisión para los acusados.
Taner Kiliç, presidente de AI en Turquía, fue arrestado en junio, acusado de haber utilizado la aplicación de mensajería cifrada ByLock, que Ankara considera como una herramienta de comunicación muy empleada por los autores del golpe de Estado fallido del 15 de julio de 2016.
Las autoridades turcas acusan al predicador Fethullah Gülen, residente en Estados Unidos, de haber fomentado la intentona golpista, algo que el interesado desmiente.
Los otros activistas fueron arrestados el 5 de julio durante un taller de formación en seguridad informática y en gestión de datos en la isla de Büyükada, frente a las costas de Estambul.
El alemán y el sueco juzgados en este caso trabajaron como formadores en ese taller. La agencia Dogan no precisó a qué“organización terrorista” se les acusa de haber ayudado, una expresión que suele designar a las redes gulenistas, a los separatistas kurdos del PKK o al grupúsculo de izquierda radical DHKP-C. Cuando se produjo el arresto, Amnistía Internacional denunció“una espantosa afrenta a la justicia”.