La justicia argentina concedió ayer la prisión domiciliaria a la líder social Milagro Sala, encarcelada desde enero de 2016 y cuya liberación fue solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un caso que puso en un brete internacional al gobierno de Mauricio Macri.
La defensa de esta líder afín al kirchnerismo objetó las condiciones de prisión domiciliaria, porque se dispuso que se cumpla en una casa que describen como “inhabitable”.
Además, se ordena que la custodie la Gendarmería Nacional, fuerza federal en el ojo de la tormenta por un caso de supuesta desaparición forzada de un joven en el sur del país en una protesta mapuche.
La abogada defensora Elizabeth Gómez Alcorta dijo que “el domicilio no tiene ni luz ni agua, está absolutamente saqueado, no tiene ni ventanas”. “Le van a poner una custodia que está prohibida, que es de las fuerzas federales, todas son irregularidades e ilegalidades. Pero en las condiciones en las que está hoy Milagro acepta eso y después discutiremos”, aseguró.
El abogado querellante en causas de lesa humanidad Eduardo Tavani, integrante del Comité por la libertad de Milagro Sala, adelantó que apelarán las condiciones de la orden “para que ella pueda estar en el lugar donde es el asiento de su domicilio y donde convive con su esposo”.
Sala está presa en Jujuy, mil 900 kilómetros al norte de la capital argentina. Enfrenta cargos por supuestas amenazas y malversación de fondos para construir viviendas a través de la organización Tupac Amaru durante los gobiernos de Cristina Kirchner (2007-2015). Sala está enfrentada con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, promotor de causas en su contra y aliado del presidente Macri.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria consideró su detención como arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y ha llamado a su liberación inmediata desde 2016.
Una decena de organismos defensores de derechos humanos internacionales se unió al pedido, que resultó ser una piedra en el zapato para el presidente Macri al ser comparada con el caso del preso político venezolano Leopoldo López por Amnistía Internacional.
Pese a la orden judicial, aún resta que otro juez que lleva una causa contra Sala también se expida en favor de la prisión domiciliaria para que esta se haga efectiva.
El juez Gastón Mercau dictó la prisión domiciliaria en un inmueble de la organización social Tupac Amarú en las afueras de la capital jujeña.
Según la orden judicial de ayer, Sala deberá someterse a controles médicos y psicológicos cada 30 días, y en el domicilio no podrán visitarla más de siete personas a la vez, a excepción de familiares, y en horario restringido para esos encuentros.