El Segundo Tribunal Superior ordenó devolver a su estado original el expediente seguido al exministro de Seguridad José Raúl Mulino y el exviceministro de ese despacho Alejandro Garuz, acusados por la presunta comisión del delito de peculado tras la compra de 19 radares a la empresa Selex.
El Segundo Tribunal Superior Penal revocó una decisión del Juzgado Quinto Penal, que decretó la nulidad de parte del expediente seguido al exministro y al exviceministro de Seguridad José Raúl Mulino y Alejandro Garuz, respectivamente, por la supuesta comisión del delito de peculado, tras la compra en 2010 de 19 radares a la empresa Selex, filial del conglomerado italiano Finmeccanica, por $250 millones.
La decisión del tribunal, fechada el 14 de este mes y con ponencia de la magistrada María de Lourdes Estrada, también ordenó al juzgado proseguir con la tramitación del expediente.
El alegato central es que, al haberse excedido en el tiempo de investigación, la Fiscalía Tercera Anticorrupción no violó el debido proceso, como lo denunció la defensa de Mulino y Garuz.
La sentencia argumenta que la demora de la fiscalía en la tramitación de la investigación no constituye una causal de nulidad, pero sí amerita sanciones de tipo disciplinario.
También concluye que en el expediente no se acredita la existencia de incidente alguno relacionado con la afectación del derecho a la defensa.
Por otro lado, plantea que tampoco se advierte afectación de los derechos fundamentales y de defensa de ambos imputados por parte de la fiscalía.
Asimismo, explica que los actos y diligencias realizados por la fiscalía fueron verificados por la defensa de Mulino y de Garuz, e incluso requeridos por esta.
Además, sostiene que la Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado sobre este tema y señalado que cuando la fiscalía se exceda en el término para concluir la instrucción sumarial, ya sea por causas inherentes a la investigación o al tribunal de la causa, no se hace viable la declaratoria de nulidad o ilegalidad de los actos que se efectúan dentro del tiempo añadido, sino que se incurre en una situación generadora de falta disciplinaria.
El pasado 3 de febrero, el Juzgado Quinto Penal, a cargo de Enrique Paniza, declaró nulo el proceso seguido a Mulino y a Garuz desde la página 3997 en adelante, que correspondían a diligencias realizadas por la Fiscalía Tercera Anticorrupción después de que venció la prórroga otorgada por el juzgado para concluir la pesquisa.
Conocido este fallo, la fiscal Zuleyka Moore presentó un recurso de apelación ante el Segundo Tribunal Superior, con los argumentos de que durante la investigación no se violaron los derechos de los investigados y, por el contrario, se cumplió con el debido proceso.
Moore también objetó la decisión del Juzgado Quinto Penal al declarar la nulidad de parte de la investigación, por considerar que el haberse excedido en el término de la pesquisa no es una causal de nulidad.
A la vez, argumentó que el artículo 2033 del Código Judicial no establece un término de prórroga.
El 12 de diciembre de 2014, la fiscal Moore solicitó una prórroga para culminar la investigación y el 20 de enero de 2015 el Juzgado Quinto Penal le concedió un plazo de ocho meses.
Para el 16 de enero de 2016, la fiscalía pidió una nueva extensión de la prórroga, que le fue negada por el juzgado, tras lo cual la defensa de Mulino presentó un incidente de nulidad, que respaldó el juzgado.
LA INVESTIGACIÓN
La investigación se inició el 11 de agosto de 2014, luego de que en varios medios de comunicación fueron publicadas noticias sobre presuntas irregularidades en el contrato para la adquisición de 19 radares a la empresa Selex, 6 helicópteros a Agusta Westland y un mapa cartográfico digital a Telespazio Argentina, estas dos últimas también filiales de Finmeccanica. Estos tres contratos sumaron $250 millones.
El 12 de agosto de 2014, Moore fue comisionada para seguir la investigación y en el curso de esta pidió al Ministerio de Seguridad copias de los contratos suscritos entre el Estado y las filiales del conglomerado Finmeccanica. El 12 de octubre de 2015, ordenó la indagatoria de José Raúl Mulino y de Alejandro Garuz.
En febrero pasado, Moore emitió su vista fiscal, en la que solicitó el llamamiento a juicio de Mulino y de Garuz, a quienes acusa de la supuesta comisión del delito de peculado en perjuicio del Ministerio de Seguridad, debido a que presuntamente recibieron los radares y gestionaron su pago con el conocimiento de que, según las pruebas realizadas, no cumplían con el alcance pactado en el contrato.
Mulino ha dicho que los cargos en su contra son parte de una persecución política de la actual administración. Asimismo, anunció que la próxima semana presentará ante la Corte Suprema de Justicia un amparo de garantías constitucionales contra la decisión adoptada por el Segundo Tribunal.