El procurador de la Administración, Rigoberto González, anunció ayer que investigará si hay “intereses y bienes comprometidos” de la Caja de Ahorros (CA) que justifiquen que la entidad deba constituirse en querellante dentro de la investigación que adelanta el Ministerio Público (MP) por la supuesta comisión del delito de peculado agravado y por la cual se mantiene bajo arresto a cinco personas, entre estas, a Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva, y a Rodrigo Arosemena Pino, exsubgerente de la entidad bancaria estatal.
González indicó que analizará la posición de la CA de no constituirse en querellante en el proceso frente a lo que señala el Código Judicial y, de comprobarse que la institución debe participar en el proceso, “hará un llamado de atención” a su actual gerente, Mario Rojas, para que la CA se constituya en querellante. Aseguró que la próxima semana dará su opinión.
No obstante, explicó que las normas “son claras” y las instituciones deben hacerse partícipes en estas denuncias que investiga el MP, porque si se comprueba que se causó un perjuicio económico a su patrimonio, pueden reclamar el pago de estas afectaciones ante los tribunales de justicia.
La investigación que adelanta la fiscalía, a cargo de Tania Sterling, guarda relación con una línea de crédito por $10 millones que aprobó en 2012 la CA al consorcio HPC Contratas-P&V, que construiría el centro de convenciones de Amador; sin embargo, el dinero se destinó para fines distintos al proyecto, que nunca se materializó.