El procurador de la Administración, Rigoberto González, dejó claro ayer a la diputada perredista Zulay Rodríguez que solo puede pronunciarse en temas cuyos implicados sean funcionarios administrativos y no así en disyuntivas de los diputados de la Asamblea Nacional.
González respondió a Rodríguez una consulta en cuanto a si es viable o no que el presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea, Jorge Iván Arrocha, le quite las copias de los expedientes sobre denuncias interpuestas contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado.
En una nota enviada a Rodríguez, el procurador cita el artículo 2 de la Ley 38 de 2000, que crea la Procuraduría de la Administración, y que dice: “Las actuaciones de la Procuraduría se extienden al ámbito jurídico administrativo del Estado, excluyendo las funciones jurisdiccionales, legislativas y, en general, las competencias especiales que tengan otros organismos oficiales”.
Arrocha dio plazo a Rodríguez hasta el 30 de enero pasado para entregar los expedientes, pero no cumplió.