En una carta del pasado 25 de enero, el procurador de la Administración, Rigoberto González, le solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, (CSJ) José Ayú Prado, que designe a un magistrado para que actúe como juez de garantías y resuelva una solicitud del abogado Alejandro Pérez, quien pide que él (González) se declare impedido para investigar a la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell.
La petición de González guarda relación con una denuncia presentada por Pérez el pasado 23 de enero, en la que acusó a Porcell de la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, extralimitación de funciones y contra la administración pública, a raíz de una declaración que dio sobre el caso Odebrecht.
En la nota que González envió al presidente de la CSJ, se narra que Alejandro Pérez, quien forma parte del equipo de abogados del expresidente Ricardo Martinelli, argumenta que González “ejerció el cargo de secretario general de la Procuraduría General de la Nación en el período 2004 - 2010, [y] fue su superior jerárquico [de Porcell] (...)”.
González citó el artículo 74 del Código Procesal Penal, que dice que “el fiscal se declarará impedido o podrá ser recusado cuando existan conflictos de intereses o motivos graves que afecten su objetividad, como las relaciones de parentesco, convivencia, amistad, enemistad y comerciales con alguna de las partes, o cuando pueda existir un interés en el resultado del proceso”.
Luego aclaró que en el caso de la denuncia contra Porcell “no concurren causales de impedimento”, pero como está la petición de Pérez, “y toda vez que no existe otro agente de instrucción competente al que pueda emitir la denuncia”, considera que esta controversia debe ser elevada y resuelta por un juez de garantías.
¿QUIÉN INVESTIGA A LA PROCURADORA?
El procurador de la Administración es quien debe investigar al procurador general de la Nación en caso de ser denunciado.
Así lo estipula el artículo 5 de la Ley 38 del 31 de julio de 2000, según la cual el procurador de la Administración es el encargado de “instruir las sumarias a que dieren lugar las denuncias o acusaciones presentadas contra el procurador o la procuradora general de la Nación”.
Aprueban $2.4 millones para caso Odebrecht
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de un comunicado, informó que efectuó un traslado de partida de $2.4 millones al Ministerio Público, para las investigaciones que adelanta en el caso de Odebrecht.
El boletín del MEF agrega que “el Ejecutivo y todas sus instituciones” están a la disposición del Ministerio Público para facilitar el desarrollo de esta y otras investigaciones.
La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional debe aprobar la diligencia del MEF.
