Por segunda ocasión, el procurador de la Administración, Rigoberto González, solicitó información al ministro de Ambiente, Emilio Sempris, sobre isla Boná.
La primera vez fue el pasado 19 de marzo, cuando, por medio de una nota, le pidió que le informara si el Ministerio de Ambiente tenía conocimiento sobre el contrato de arrendamiento entre la empresa Bona Pacific Corp. y la Alcaldía de Taboga.
Como se recordará, dicho gobierno local avaló un contrato de arrendamiento en la isla para el desarrollo de una terminal petrolera.
Contrato
No obstante, González envió otra nota el pasado 12 de abril a Sempris en la que le solicita información sobre si el ministerio ha iniciado alguna diligencia que tenga como propósito documentarse ante los cuestionamientos por parte de varios sectores de la sociedad civil organizada debido al proyecto que pretende levantarse en isla Boná.
“De igual manera, requiero me informe, de ser afirmativa su respuesta a la anterior interrogante, qué medidas en específico ha llevado a cabo el ministerio bajo su responsabilidad”, acotó.
Incluso, el procurador de la Administración le recuerda al ministro de Ambiente que los hechos que guardan relación con el proyecto en isla Boná constituyen actividades de “gran impacto”, por lo cual es del criterio que no se puede ser “indiferente” respecto a los cuestionamientos.
“Por consiguiente, todas las instituciones que por ley son llamadas a proteger el medio ambiente deben cumplir con el deber para el cual fueron creadas”, concluyó González.
Se le consultó a Sempris sobre las notas enviadas por el procurador de la Administración y señaló que no recuerda haber visto la nota y que hoy preguntaría.
Varias organizaciones ecológicas vienen solicitando que se declare Boná como un área protegida, por ser un gran refugio de aves marinas en el Pacífico.