Prórroga para investigar compra de helicópteros

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La Fiscalía Cuarta Anticorrupción solicitará una prórroga para culminar la investigación sobre presuntos sobrecostos en la adquisición de seis helicópteros comprados a la empresa Agusta, filial del consorcio Finmeccanica, por $98 millones.

La Fiscalía Cuarta Anticorrupción adelanta una investigación por supuestos sobrecostos en el contrato suscrito en agosto de 2010 entre el Ministerio de Seguridad Pública y la empresa italiana Agusta S.p.a –filial del conglomerado Finmeccanica– para la compraventa de seis helicópteros Agusta Westland valorados en $98 millones.

Fuentes judiciales informaron que el proceso lleva varios meses y, de hecho, la fiscal Ruth Morcillo se prepara para solicitar una prórroga al Órgano Judicial por lo complejo de la investigación; sin embargo, el caso no había trascendido a los medios de comunicación.

De acuerdo con las fuentes, la fiscalía trata de establecer si hubo sobreprecios en el contrato, que fue firmado por el entonces ministro José Raúl Mulino.

Se informó que como parte de las pesquisas la fiscal Morcillo solicitó al Servicio Nacional Aeronaval un informe sobre la operatividad de las aeronaves.

También coteja el precio pagado por Panamá con los costos del mercado internacional, con el propósito de determinar si el Gobierno pagó en exceso o no.

TRES EXPEDIENTES

Este caso está relacionado con otras dos investigaciones a cargo de las fiscalías anticorrupción, una de ellas sobre el contrato para la compra de radares a la empresa Selex y por el que la Fiscalía Tercera Anticorrupción solicitó enjuiciar a Mulino y al exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz.

El otro expediente guarda relación con la compra de un mapa digital a la empresa Telespazio Argentina y está en manos de la Fiscalía Sexta Anticorrupción.

Los tres expedientes fueron separados para facilitar las investigaciones.

Las tres empresas contratadas para la adquisición de los radares, los helicópteros y el mapa digital son filiales de Finmeccanica.

El italiano Valter Lavítola, facilitador de estos contratos, es objeto de varios procesos en su país por corrupción internacional.

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