Luego de que el Consejo de Gabinete avalara el proyecto de ley de protección de datos de carácter personal, sectores de la sociedad civil organizada consideraron la iniciativa “necesaria” para evitar que la información de la ciudadanía sea utilizada para fines políticos, entre otras cosas.
El pasado 18 de enero, Angélica Maytín, directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), en conjunto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), presentó dicho proyecto, cuya finalidad es proteger los datos de todos los ciudadanos de manera que ninguna persona pueda traspasarlos o venderlos para uso comercial.
Annette Planells, dirigente del Movimiento Independiente de Panamá (Movin) y quien además participó de la consulta pública de este proyecto, aseguró que “como ciudadanos hemos sido víctimas del mal uso de nuestros datos personales cuando la base de datos del Tribunal Electoral (TE) terminó en manos de la campaña de un partido”.
Juan Diego Vásquez, miembro de la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia, también coincidió con la dirigente de Movin. “La iniciativa resulta urgente y, más aún, luego de saber que los datos de los ciudadanos fueron mal utilizados con fines políticos y de la peor clase durante el quinquenio pasado”, destacó.
Mientras que para Nelly Valdivieso, consultora nacional de Panamá para el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en el Proyecto de Datos Abiertos de Gobierno en Panamá, “las iniciativas de gobierno abierto colocan más información en el dominio público y pueden generar reacciones negativas si los ciudadanos comunes sienten que son ellos (y no los poderosos) los que están expuestos”.
Valdivieso señaló que el objetivo de esta medida debe ser la protección de los ciudadanos ante los crecientes riesgos de invasión a su privacidad que vienen acompañados de los avances tecnológicos”.
Las declaraciones de los representantes de la sociedad civil hacen referencia a lo ocurrido en 2014, cuando en el mes de marzo de ese mismo año, el TE denunció ante el Ministerio Público el supuesto uso “criminal” de una de sus bases de datos por parte del partido político Cambio Democrático, en el marco de la campaña de los comicios generales que se celebraron dos meses después, en los que Juan Carlos Varela resultó elegido presidente.
La denuncia se basaba en que en la página web de la campaña del, en ese entonces, aspirante presidencial oficialista José Domingo Arias “se habilitó sin la previa autorización del TE un registro que incluía información confidencial de ciudadanos”.
Días después de esta denuncia, José Domingo Arias alegó que usar bases de datos de posibles votantes es “normal en la democracia moderna”.